Finalmente, en la tarde de este jueves, la maniobra dilatoria de Martín Menem llegó a su fin y el presidente de la Cámara de Diputados envió al Senado el proyecto que limita estrictamente la capacidad de los Presidentes de dictar decretos de necesidad y urgencia (DNU). De todos modos, el riojano habría logrado su cometido, que era el de evitar una sesión caliente en la Cámara alta y con probable resultado negativo para el Gobierno en los días previos a las elecciones del próximo 26 de octubre.
La Cámara de Diputados aprobó la semana pasada el proyecto, y debido a que uno de sus artículos fue rechazado, el texto debía volver al Senado para que insista con la redacción original o acepte los cambios. Ese paso se demoró hasta esta tarde, lo que provocó en los últimos días las quejas de la oposición, que denunció a Menem de demorar el trámite adrede.
Según le confirmaron a Infobae, el proyecto ya fue girado. Ahora, irá a la Comisión de Asuntos institucionales, que comanda la peronista disidente Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, quien fue una de las impulsoras de la ley. Desde allí se deberá convocar para dictaminar, ya sea aceptando los cambios realizados en Diputados, o para insistir en la versión original del Senado.
El tema es que recién se tratará en Comisión, como temprano, la semana que viene, por lo que no llegaría a darse la sesión que el Gobierno deseaba evitar y la oposición esperaba para debilitar al oficialismo antes de los comicios legislativos nacionales.
Desde el peronismo en el Senado había trascendido que su objetivo era revisar el expediente en comisión este jueves para poder convocar a una sesión la semana que viene. Pero sin el dictamen de comisión necesitaría de una mayoría especial de dos tercios del recinto para poder debatir el proyecto, algo difícil de lograr en la recta final de la campaña electoral y especialmente tras el guiño que muchos gobernadores le hicieron al Gobierno al dejar caer el artículo 3.
El proyecto, que había sido aprobado en el Senado con un amplio consenso que incluyó a referentes del radicalismo, fuerzas provinciales e incluso algunos díscolos del PRO, modifica la ley 26.122 de 2006. Esa ley había sido impulsada por Cristina Fernández durante el gobierno de Néstor Kirchner.
Entre sus puntos más importantes se destaca que ambas Cámaras se tienen que pronunciar sobre la validez de los decretos para que sean ratificados (en la actualidad solo se necesita la aprobación de una Cámara). Por lo tanto, la oposición solo necesitaría juntar una mayoría en una de las Cámaras para invalidar todos los decretos.
No obstante, el artículo que fue rechazado establecía un límite de 90 días corridos para que el Congreso se pronuncie y, en caso de no hacerlo, los decretos perdían validez.
El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, había presentado una nota formal en la cual reclamaba la “inmediata comunicación” al Senado.
“Le requiero a Martín Menem que cumpla con su deber y remita los proyectos al Senado. El Presidente de la Cámara no puede frenar al Congreso por sus decisiones o especulaciones políticas”, planteó a través de sus redes sociales.
Y agregó: “Es increíble que con trampas y maniobras se intente frenar leyes que justamente buscan reactivar el funcionamiento pleno del Congreso. Por todos los medios, el Gobierno procura impedir que las instituciones funcionen”.
Por su parte, las autoridades de la Cámara de Diputados negaron que se tratara de una maniobra dilatoria y argumentaron que todavía se encontraban dentro de los plazos razonables. En ese sentido, señalaron que el viernes pasado no hubo actividad legislativa porque fue feriado y también que en la misma sesión se aprobaron varias interpelaciones -a Karina Milei, Luis Caputo y Mario Lugones- que debían realizarse ayer. A su vez, explicaron que no existe un plazo legal que deban respetar.
