“Mi mayor preocupación es que nos pongamos a pensar un plan de contingencia ante el vacío de poder que observo”, advierte sin rodeos Esteban “Gringo” Castro, sentado en una mesa del pequeño bar al aire libre ubicado en la Parroquia Santuario Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, a metros del Parque Centenario de la Ciudad de Buenos Aires.
El ex secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Reconoce que las organizaciones sociales fueron golpeadas con fuerza desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Buena parte de ellas fueron y la aplicación de políticas contra los piquetes aplicadas por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; y Sandra Pettovello, su par de Capital Humano, que aplicó mano dura sobre las estructuras de los movimientos populares favorecidos con subsidios, alimentos para distribuir y cargos en niveles jerárquicos en el ex Ministerio de Desarrollo Social, ahora reducido a secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Las denuncias sobre los “comedores que no existen-, y los procesamientos a dirigentes del Polo Obrero, entre ellos su líder indiscutido, Eduardo Belliboni, por dejar sin comida que recibían del Estado a los que no asistían a marchas y cortes y presuntamente desviar fondos que recibían del gobierno para uso político, los deslegitimó ante un sector de la sociedad.
El dirigente del Movimiento Evita, ferviente católico y devoto de la Virgen de Luján habla con calma. Lo caracteriza su tono bajo y abundante barba blanca. Solo el brillo de sus ojos claros demuestran la alarma que contienen sus palabras: “Trato de discutirlo esto, pero no veo que todo el mundo piense como yo. O no ven vacío de poder, o no importa si hay una convulsión social”.
La cita, sin eufemismos, marca el tono de una conversación atravesada por la preocupación y el desencanto. “No hay voluntad de evitar que todo explote. Hay que construir un plan de contingencia, indudablemente. Contingencia y resistencia política. Resistencia y salida”, enfatiza Castro, quien reclama políticas urgentes “que incluyan el salario social complementario y la alimentación garantizada. Hoy hay problemas de salud por falta de alimentación. Eso tiene que estar garantizado”.
Con la calma tensa de quien conoce desde adentro el pulso de los barrios populares, el referente del Movimiento Misioneros de Francisco insiste, una y otra vez, en la ausencia de respuestas institucionales ante el deterioro social y la avanzada del gobierno de La Libertad Avanza contra las organizaciones. “Hoy habría que sentarse a discutir un plan de contingencia, para que no haya convulsión social. Hay hambre, hay bronca, hay odio”, diagnostica. Su voz, por momentos entrecortada por la tos o la indignación, vuelve sin tregua sobre el riesgo de un estallido: “La prevención te garantiza que eso no pase. El Estado está ausente y no veo que las políticas estén pensando en frenar lo que se viene”.
Autocrítica y nuevos desafíos
El propio Esteban “Gringo” Castro no elude el ejercicio crítico al repasar las causas del desgaste que atraviesan hoy los movimientos sociales de la Argentina. El dirigente, con más de dos décadas en la primera línea de la organización popular y el sindicalismo social, reconoce: “Nosotros trabajamos muy bien durante el gobierno de Mauricio Macri, en cuanto a la unidad y la lucha que fuimos dando. Pero los otros cuatro años -se refiere al gobierno de Alberto Fernández-, que nos agarraron dos años de pandemia, el problema que tuvimos es que no fortalecimos el sindicato”, se refiere a la Unión Trabajadores de la Economía Popular de la cual era el principal responsable.
Para el fundador de la agrupación Frente patriótico, ese déficit fue letal: “El sindicato necesitaba ser fortalecido en las ramas, en las regionales. Todo eso no lo pudimos desarrollar”, remarca, reconociendo que la disputa interna por el rumbo organizativo debilitó a la UTEP y a la heterogénea constelación de grupos territoriales. A su juicio, parte del problema residió en un exceso de centralidad política por sobre la consolidación gremial: “Hubo una priorización de la política, de la dirigencia de los movimientos populares, una priorización de ver cuestiones más políticas que gremiales. No supimos cómo construir el gremio”.
El “Gringo” agrega ejemplos concretos que cristalizan la autocrítica: “Nosotros teníamos un proceso inflacionario muy grande y para mí teníamos que ir a plantear a las grandes corporaciones, que son las formadoras de precio, que así no se puede. Discutir, aunque fuera, cuáles son los costos para producir y a cuánto tendrían que vender”.
También reconoce lo que quedó pendiente: “No logramos hacer gestualidad en ese sentido, porque los trabajadores, todos somos trabajadores, tienen que ver la lucha salarial y también la lucha por los precios, por la carestía de la vida. Y esos fueron dos elementos que no fortalecimos”.
– ¿El gobierno de Milei, a través de la ministra Pettovello los castigó muy fuerte por desmanejos con los alimentos, con el programa Potenciar Trabajo…
– Nunca fui “gerente de la pobreza”, como nos llamó, y nunca sentí que mis compañeros lo fueran. Pero es cierto que hubo una vinculación con el Estado. La ministra decía que una auditoría demostraba que no recuerdo que porcentaje de comedores a los que asistíamos no existían. El gobierno ahora tuvo que reconocer que esa auditoría, como tal, nunca se hizo. Son noticias que no se difunden, pero que es real.
El estigma mediático y la ofensiva estatal conforman, para Castro, una parte central del deterioro que afecta hoy a los movimientos sociales. La etiqueta de “gerentes de la pobreza“, impulsada desde el discurso oficial y amplificada por los medios, caló hondo en la percepción pública y debilitó el sentido de pertenencia en los barrios.
El dirigente entiende este fenómeno como parte de una campaña para deslegitimar a las organizaciones sociales y sindicales. “Lo que se logró con Macri fue el salario social complementario, una conquista de los trabajadores”, explica.
Sin embargo, el cambio de ciclo político también supuso una modificación conceptual decisiva. “Cuando viene el gobierno de Alberto, lo que dice es: ‘bueno, ahora se va a llamar Potenciar Trabajo’. Y Potenciar Trabajo es un programa. Pero la verdadera conquista es el salario social complementario. Se dejó de hablar de salario social complementario y, por lo tanto, empezó un sector de la sociedad a decirnos de vuelta, por ejemplo ‘planeros’”.
Castro no esconde su frustración ante la pérdida de legitimidad conseguida en años de lucha. “El salario social complementario es, conceptualmente, muy bueno. Todos los que no tienen trabajo asalariado, todos los que no están registrados como asalariados, merecen un salario social complementario porque trabajan, pero no tienen derechos laborales”, argumenta. Esas reivindicaciones, a su entender, han quedado debilitadas por la ofensiva estatal y por la falta de un respaldo más firme desde adentro de las propias organizaciones.
La estigmatización, entonces, tiene consecuencias materiales: erosiona el tejido interno de los movimientos y profundiza la fragmentación social. “Ese concepto se fue dilapidando y hoy estamos, o por lo menos un grupo de nosotros está de vuelta planteando: hay que volver al salario social complementario”.
En este contexto, Castro está en la reconstrucción de la unidad de todos los movimientos populares para lograr, por un lado, armar una contingencia de unidad nacional ante la convulsión social que avizora puede llegar a estallar, ante el vació de poder provocado por el presidente Milei y su equipo económico.
Por otro lado, articula con otros espacios populares un plan de lucha ya votado por la mesa directiva de la UTEP que fue consensuado en asambleas barriales. Por ejemplo, el despliegue a modo de protestas de ollas populares en 400 puntos del país con distintas organizaciones, entre las más numerosas la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que encabeza Juan Carlos Alderete.
“Lo que empieza a avanzar es el narcotráfico”
Para Esteban “Gringo” Castro, el salario social complementario no fue solo una herramienta de asistencia: representó una conquista histórica de los trabajadores excluidos del circuito formal del empleo. “El salario social complementario era la mitad del salario mínimo, vital y móvil. Te permitía aunque sea aporte jubilatorio y, de alguna manera, tener tu obra social como monotributista social”, explica.
Sin embargo, la posterior transformación del programa y la desaparición de la lógica salarial desdibujaron sus efectos estructurales. A tentender de Castro, esa dilución abrió la puerta para el avance de un Estado que ya no reconoce a los sectores populares ni como sujetos de derecho ni como interlocutores.
Para el dirigente social, pero también para otros referentes de la economía popular como Emilio Pérsico, principal referente del Movimiento Evita; Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, o Nicolás Caropresi, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, organización social fundada por Juan Grabois, frente al desguace del salario social y la ausencia de una mirada territorial planificada, los vacíos que se abren en los barrios más frágiles amenazan con ser ocupados por dinámicas mucho más sombrías. Castro lo describe así: «En territorio, si no están los movimientos populares, los intendentes, las agrupaciones, lo que empieza a avanzar es el narcotráfico» y aclara: Lo que no reemplaza de ninguna manera lo que nosotros hacíamos. Nosotros trabajamos con amor. Vos tenés que ver lo que es una mujer desarrollando una olla popular durante veinte años, dándole de comer a cientos de personas. El narco no está pensando en eso. El narco está vendiendo droga y haciendo mierda a los pibes».
Para los dirigentes populares ese diagnóstico compartido muestra que el desmantelamiento de los mínimos consensos sociales no solo genera necesidades insatisfechas, sino que además habilita lógicas de descomposición territorial que difícilmente se reviertan sin una decisión estatal fuerte y políticas de contención concretas.
Debilitamiento de la protesta callejera
La presencia del miedo como estrategia de gobierno es uno de los diagnósticos más crudos de Esteban “Gringo” Castro. El dirigente observa cómo la política de represión y el hostigamiento desde el inicio de la gestión de Javier Milei han modificado radicalmente el clima de la protesta en las calles. “El Gobierno hizo un trabajo de amedrentamiento de entrada”, señala. “Llegabas a la estación y había parlantes que decían: ‘Ojo, porque te quedas sin el programa de gobierno’. Hubo un inicio de proceso represivo que podía ser cada vez más fuerte. Eso alguna influencia tiene”. Este clima disuasorio, agrega, colaboró con la merma en la convocatoria: “Las marchas actuales de los movimientos sociales, de la UTEP misma, no son tan numerosas como antes”, reconoce.
El temor, sin embargo, no se reduce solo a la amenaza física o la pérdida de beneficios. El escenario de represión está acompañado por la negación del diálogo institucional. “El Gobierno no tiene intenciones de coordinar con los movimientos populares. Los que estamos en los barrios somos los movimientos populares. Pero ellos no quieren coordinar”, explica. Ante la pregunta de si ese corte del vínculo es la única explicación para la caída en la movilización, Castro responde con sinceridad: “Cuando hay coordinación, vos tenés garantizado el alimento para los comedores, el salario social complementario, aunque sea congelado. Cuando sentís que todo eso desaparece y sólo hay amenaza, se genera aún más miedo”.
– Pero, ¿eso no sería mayor incentivo para que la gente salga a manifestarse, al menos para reclamar esas garantías?
– Eso a veces puede ser un incentivo, pero ¿qué tendría de malo? Si igual no te alcanza, salís. Si te alcanza, no salís… Pero no se sale por todo este proceso de miedo: si no tenés vinculación alguna con el Gobierno nacional, te está mostrando todo el tiempo que te va a reprimir y además te amenaza con sacarte lo poco que queda. Hoy, viajar del conurbano a la capital es imposible, no hay recursos. Mucha gente no puede ni siquiera movilizarse. Los compañeros pagaban su boleto para viajar o para movilizarse. Antes, cuando la negociación fallaba, podía haber una movilización, pero ahora hay un clima muy complicado. Que no se esté movilizando ahora favorece el discurso del gobierno. Ahora podemos transitar tranquilos por la Avenida 9 Nueve de Julio. La sociedad está dividida, y muchos lo piensan así, hasta que les toque vivir la otra cara de la exclusión.
La fragmentación del universo laboral y la pérdida de referencia política configuran, para Castro, una de las peores amenazas actuales para la Argentina. El diagnóstico es duro y va más allá de la coyuntura: “Hoy tenés la mitad de la población económicamente activa, once millones de personas, sin derechos laborales. Incluí ahí a todos los chicos que trabajan en el campo, las aplicaciones: ahí no hay patrón, no tenés derechos laborales. Tenés que laburar doce, quince horas para sacar una moneda”, dice y detalla: Esa fragmentación es letal para el país. No hay correlato político. No hay muchos políticos que hablen de ese tema, de tener fragmentada a la clase trabajadora”.
Las respuestas desde el campo político y estatal han sido, a su juicio, insuficientes y abstractas. “Hay alguno que dice: ‘bueno, si construimos un gobierno popular nosotros le vamos a dar trabajo a todos’, pero no hay definición política de cómo resolver el problema de la mitad de la clase trabajadora que no tiene derechos laborales”. El “Gringo” insiste en que, mientras tanto, “la agenda real—como el salario social complementario—prácticamente no está en discusión en la política”.
El peligro del vacío de poder
Uno de los ejes más insistentes y alarmantes del análisis del dirigente del Movimiento Evita es el vacío de poder en el que, según él, ha caído la Argentina. Caso advierte sobre la fragilidad institucional y la ausencia de una estrategia política capaz de prevenir una crisis profunda: “Me parece que hoy estamos en una situación muy riesgosa, en el sentido de que se empieza a visualizar un vacío de poder. Las veces que hubo vacío de poder, hubo algún tipo de convulsión social”.
Para Castro, la diferencia con otras épocas es que la implosión social actual podría no tener ninguna conducción ni planificación. “La gente no tiene remedio, le pide a los intendentes, no tiene para comer, se está tratando de contener como se puede, pero cuando hay vacío de poder es muy peligroso”, señala con preocupación. Sostiene que el gobierno de Javier Milei no solo no busca evitar un estallido, sino que parece apostar por ese caos: “No tiene ninguna intención de construir un plan de contingencia para que no haya convulsión social, sino que al revés, parecería que lo incentiva”.
En un alto en su relato, Esteban “Gringo” Castro, pareja de Mariel Fernández, la intendenta de Moreno, también dirigente del Movimiento Evita, reflexiona sobre la otras formas de manifestarse de los ciudadanos y que para parte de la política pasa desapercibida: “La multitudinaria peregrinación a Luján del domingo, compuesta por unas dos millones de personas de todos los estratos sociales, fue una maravillosa muestra de fe y manifestación pacífica”.
A través de su relato, el militante social y político recuerdas comentarios de fieles y en este caso, vecinos que “fueron a ganarse un mando y no vendieron nada porque no hay un peso”. Y da un ejemplo: “Un hombre se me acerco para decirme que perdió cien mil pesos, había hecho en su casa empanadas y no se las compró nadie. Pero eso le pasó a todos, no solo a él”, dice preocupado.
– ¿Estamos cerca de una explosión social?
– Yo no te puedo decir porque tendría que ser adivino, pero me preocupa el vacío de poder. Cuando hay vacío de poder, tampoco visualizo desde la política qué salida tiene. No visualizo.
La preocupación no es gratuita: Castro describe la necesidad de conformar espacios multisectoriales, incluir desde gobernadores hasta la iglesia, empresarios y movimientos populares, todos sentados a una mesa para diseñar una salida urgente. “El martes pasado salimos a hacer ollas populares en plazas, reclamando alimento y salario social, que eso fortalecería un plan de contingencia. Pero veo que ni siquiera se discute este tema en los ámbitos donde más falta hace. Es muy difícil discutirlo en medio de un proceso electoral”.
Y persiste en su advertencia: “Es urgente que la política se siente a pensar en un plan de contingencia, porque hay hambre, bronca, odio, y si no se actúa rápido puede ser mucho peor”.
Para el militante católico los puntos básicos de del plan de contingencia son:
–El salario social, que es la mitad del salario mínimo vital y móvil.
–La alimentación: hoy hay problemas de salud por falta de alimentación. La alimentación tiene que estar garantizada, vía olla popular, comunitariamente, individualmente el que puede llegar a fin de mes, pero tiene que tener garantías.»
Castro insiste en que la urgencia es doble: contener la emergencia y, al mismo tiempo, plantear una resistencia política que no abandone el reclamo por una salida inclusiva. “Hay que construir una mesa donde estén desde empresarios, sindicalistas, movimientos populares, gobernadores, intendentes, todo lo que se pueda juntar a construir una salida”.
Como advierte Castro, la fe y la solidaridad barrial continúan siendo el último dique ante la descomposición social, incluso en los momentos más críticos: “Hay mucha fe en nuestro pueblo y eso es un elemento central para salir también”, dice, esperanzado.
