La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados de la Nación consensuó ayer un dictamen único para solicitarle al Poder Ejecutivo Nacional —a través del Ministerio de Salud y otros organismos competentes— un informe urgente sobre el caso del fentanilo contaminado vinculado hasta ahora con 96 muertes de pacientes, que constituye una de las crisis sanitarias más graves en la historia reciente del país.
El pedido de informes —que unificó cinco proyectos presentados por legisladores de distintos bloques— contiene 25 preguntas de alto impacto, que abarcan desde la cantidad de afectados y fallecidos, hasta el sistema de trazabilidad, las acciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), organismo dependiente de la cartera a cargo de Mario Lugones y la composición societaria de los laboratorios involucrados: HLB Pharma Group SA, Laboratorios Ramallo SA y la Droguería Alfarma SRL. Las sociedades, según indicios judiciales, están vinculadas a Ariel García Furfaro y parte de su familia.
El consenso alcanzado permitió que el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, solicitara girar directamente el dictamen a la presidencia de la Cámara, a cargo de Martín Menem, para su elevación inmediata al Poder Ejecutivo, cuyo máximo responsable es el presidente Javier Milei, sin necesidad de tratamiento en el recinto.
La urgencia de respuestas quedó plasmada en un documento, al que accedió Infobae, que busca acelerar la investigación sobre lo ocurrido y prevenir nuevos episodios.
En la justicia, las responsabilidades de la presunta elaboración y venta del medicamento adulterado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii es investigado por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien tiene bajo la mira a 24 posibles sospechosos a quienes se les trabó una inhibición general de bienes y se les prohibió salir del país ante una posible “fuga”.
Entre ellos figuran Ariel García Furfaro, sus dos hermanos, Damián y Diego, su madre, Nilda Furfaro, y su abuela, Olga Luisa Arena, que formaron parte de las sociedades presuntamente involucradas en los hechos. Se trata del mismo empresario que fue parte de la comitiva oficial del gobierno de Alberto Fernández que viajó a Moscú para distribuir la vacuna Rusa Sputnik V contra el COVID-19.
La diputada del PRO, Silvana Giudici, fue la impulsora de formar una comisión parlamentaria investigadora por las muertes del fentanilo de HLB Pharma Group SA, pero el kirchnerismo evitó su conformación retirando el quórum. “Que quede claro, entonces, que el tratamiento del tema del fentanilo no le importa al kirchnerismo”, denunció la legisladora.
Frente a la presión que venía ejerciendo Giudici, y posteriormente familiares de las víctimas del fentanilo mortal, los diputados convocaron a una reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública que finalmente llegó a un dictamen de comisión en la que se consensuó que la Casa Rosada, a través del Ministerio de Salud y la ANMAT, informe al Congreso “sobre los siguientes aspectos vinculados a la distribución, control de calidad y fiscalización de medicamentos inyectables críticos, especialmente el fentanilo”.
El dictamen también solicita la identificación completa de los medicamentos y lotes contaminados, incluyendo los números de lote 31202, 31244, 31200 y cualquier otro bajo investigación, con información sobre fechas de elaboración y vencimiento, laboratorio productor y fraccionador, cantidades producidas, distribuidas y recuperadas, provincias o instituciones receptoras, canales de distribución y droguerías participantes.
La Cámara requiere detalles sobre las acciones de la ANMAT desde los primeros casos, como inspecciones, clausuras, sanciones, retiro de productos, alertas sanitarias y modificaciones en los protocolos de control de calidad y trazabilidad.
El texto pregunta por el estado de habilitación de HLB Pharma y Ramallo SA al momento de la producción y distribución (del fentanilo contaminado), y el grado de cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura.
Según los registros que constan en la causa judicial que instruye el juez Ernesto Kreplak, los lotes contaminados se elaboraron el 18 de diciembre de 2024.
El documento también indaga sobre las medidas para garantizar la recuperación y retiro efectivo de los lotes, el porcentaje recuperado y el stock remanente en circulación, con detalle de las droguerías que distribuyeron los productos, las instituciones de salud y la jurisdicción donde se encuentran.
Además, solicita una descripción del sistema de trazabilidad de medicamentos controlados y una explicación de las fallas detectadas, incluyendo por qué no se detectó la contaminación antes de la distribución masiva.
En relación con la fiscalización, los legisladores nacionales piden el listado completo de expedientes, inspecciones y sumarios iniciados por ANMAT contra HLB Pharma y Ramallo SA desde marzo de 2020, con fechas, motivos, hallazgos, medidas correctivas, sanciones y estado de las actuaciones.
Esa misma documentación ya fue requerida por el juez Kreplak y enviada a su despacho por los funcionarios de la ANMAT. Son más de 200 expedientes. En algunos de ellos la entidad reguladora sanitaria acreditó “desvío de calidad” en la producción de varios medicamentos; tanto es así que varios fueron retirados del mercado.
El dictamen parlamentario también solicita información sobre la composición societaria, autoridades, apoderados y accionistas de las empresas involucradas, así como sobre denuncias previas relacionadas con medicamentos producidos por estos laboratorios.
El dictamen incluye un pedido de detalle sobre contratos, licitaciones, compras o adjudicaciones obtenidas por HLB Pharma, Ramallo S.A. y Alfarma S.R.L. en los últimos seis años, con montos, objeto, modalidad y fecha, e indicando si se investigaron sobreprecios.
Además, se solicita información sobre la participación de la Droguería Alfarma en la distribución de los lotes contaminados y su vinculación societaria o contractual con HLB Pharma.
El texto también pregunta por las solicitudes de autorización para importación, exportación, comercialización o uso de fentanilo, morfina u otros opioides, con fechas, volúmenes, origen y destino, e irregularidades detectadas. Se requiere saber si se investigan posibles desvíos de estos medicamentos hacia el mercado ilegal, considerando las “mermas” reportadas en la producción de fentanilo.
Otro punto relevante es la solicitud de información sobre las actuaciones de la Dirección General de Aduanas respecto al ingreso o egreso de mercaderías de las empresas mencionadas desde marzo de 2020, con hallazgos, sanciones y procedimientos iniciados. El dictamen también pide detalles sobre el robo denunciado por HLB Pharma el 11 de mayo de 2025, incluyendo documentación sustraída, intentos de destrucción de pruebas y medidas adoptadas.
Ese hecho ocurrió en la planta de HLB Pharma ubicada en San Isidro y fue concomitante a la inhibición que la ANMAT realizó sobre la planta para producir medicamentos después de conocerse las muertes por fentanilo contaminado en el Hospital Italiano de La Plata. Los directivos de la empresa no denunciaron robo, solo vandalización de las instalaciones.
Los diputados también exigen conocer las medidas adoptadas para la atención a víctimas y familias, los mecanismos de articulación interjurisdiccional con provincias y municipios, las denuncias penales o querellas del Estado Nacional y la participación de otros querellantes, así como las acciones legales contra los responsables. Además, solicita información sobre reformas previstas en habilitación, inspección y control de laboratorios y droguerías para prevenir hechos similares, y sobre las medidas que el Poder Ejecutivo considera necesarias para fortalecer la farmacovigilancia, el control de calidad y la trazabilidad de estos medicamentos.
Las 25 preguntas dirigidas al Poder Ejecutivo
1. Cantidad total de casos confirmados, probables y sospechosos vinculados al uso de fentanilo contaminado, con detalle por fecha de inicio de síntomas, jurisdicción, institución de salud y condición clínica (alta, en tratamiento, fallecidos).
2. Número total de fallecimientos confirmados, discriminados por edad, sexo, institución de salud y jurisdicción.
3. Cronología de la detección del brote: fecha de la primera notificación, emisión de alertas sanitarias, comunicaciones oficiales y protocolos activados por el Ministerio de Salud, ANMAT u otras jurisdicciones.
4. Identificación completa de los medicamentos y lotes contaminados, incluyendo los números de lote (31202, 31244, 31200 y otros bajo investigación), fechas de elaboración y vencimiento, laboratorio productor y fraccionador, cantidades producidas, distribuidas y recuperadas, provincias o instituciones receptoras, canales de distribución y droguerías involucradas.
5. Listado de lotes adicionales bajo investigación y resultados de análisis microbiológicos realizados.
6. Acciones adoptadas por ANMAT desde los primeros casos: inspecciones realizadas, clausuras, sanciones impuestas, retiros de productos, alertas sanitarias emitidas y modificaciones en los protocolos de control de calidad y trazabilidad.
7. Estado de habilitación de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. al momento de la producción y distribución de los lotes contaminados, y grado de cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura.
8. Medidas implementadas para garantizar la recuperación efectiva de los lotes contaminados, porcentaje recuperado, stock remanente en circulación, y detalle de droguerías que distribuyeron e instituciones que recibieron los productos.
9. Descripción del sistema de trazabilidad de medicamentos controlados en vigor y explicación de las fallas detectadas, incluyendo por qué no se identificó la contaminación antes de la distribución masiva.
10. Listado completo de expedientes, inspecciones y sumarios iniciados por ANMAT contra HLB Pharma y Ramallo S.A. desde marzo de 2020, incluyendo fechas, motivos, hallazgos, medidas correctivas, sanciones y estado actual de las actuaciones.
11. Composición societaria, autoridades, apoderados y accionistas de HLB Pharma, Ramallo S.A. y la droguería Alfarma S.R.L., desde su constitución hasta la actualidad, indicando cambios societarios o transferencias.
12. Antecedentes de denuncias previas relacionadas con medicamentos elaborados por HLB Pharma y Ramallo S.A., difundidas por sociedades científicas, medios especializados u otras fuentes.
13. Contratos, licitaciones, compras o adjudicaciones obtenidas por HLB Pharma, Ramallo S.A. y Alfarma en los últimos seis años a nivel nacional, provincial o municipal, detallando montos, objeto, modalidad, fecha y si hubo investigaciones por sobreprecios.
14. Participación de la droguería Alfarma en la distribución de los lotes contaminados, y su vínculo contractual o societario con los laboratorios mencionados.
15. Solicitudes de autorización para importación, exportación, comercialización o uso de fentanilo, morfina u otros opioides, con fechas, volúmenes, origen y destino, así como irregularidades detectadas.
16. Investigaciones en curso sobre posibles desvíos de morfina, fentanilo u otros opioides hacia el mercado ilegal, especialmente considerando las “mermas” reportadas en los procesos de producción.
17. Actuaciones de la Dirección General de Aduanas relacionadas con ingreso o egreso de mercaderías de las empresas mencionadas desde marzo de 2020, incluyendo hallazgos, sanciones y procedimientos iniciados.
18. Detalles sobre el robo denunciado por HLB Pharma el 11 de mayo de 2025: documentación sustraída, intentos de destrucción de pruebas, medidas adoptadas y relevancia para la causa.
19. Medidas adoptadas para la atención integral de víctimas y sus familias, incluyendo asistencia médica, psicológica y legal.
20. Articulación interjurisdiccional entre Nación, provincias y municipios frente al brote, y mecanismos de alerta epidemiológica puestos en marcha.
21. Existencia de denuncias penales o querellas presentadas por el Estado Nacional, así como la participación de otros querellantes en la causa judicial.
22. Acciones legales iniciadas contra personas físicas o jurídicas responsables del proceso de elaboración, distribución y control de los lotes contaminados.
23. Reformas previstas en los sistemas de habilitación, inspección y control de laboratorios y droguerías, para prevenir hechos similares.
24. Medidas que el Ejecutivo considera necesarias para fortalecer los sistemas de farmacovigilancia, control de calidad y trazabilidad.
25. Cualquier otra información relevante que contribuya a esclarecer las circunstancias que posibilitaron esta grave crisis sanitaria.
Cruces políticos
El titular de la comisión, el diputado de Unión por la Patria Pablo Yedlin, abrió el debate haciendo referencia a que con este caso “es la peor situación de intoxicación medicamentosa post Anmat”, organismo creado en la década del 90 luego de la crisis que generó la intoxicación con propóleo.
Pablo Juliano (Democracia para Siempre), por su parte, señaló que este caso “supera incluso a la tragedia de Once y al atentado de la AMIA” por la cantidad de víctimas y su impacto sistémico. El diputado bonaerense señaló al modelo libertario al decir que esto también es consecuencia de “seguir mirando para el costado o conviviendo con criterios de desregularizar que eliminan controles”.
Silvana Giudici recordó que en la justicia federal de La Plata: “Hay 24 personas inhibidas, pero aún no hay imputaciones ni prisiones preventivas. Esta crisis sanitaria no tiene precedentes”, opinó.
La diputada Victoria Tolosa Paz (UP) cuestionó decisiones del gobierno del ex presidente Mauricio Macri al recordar que: “En 2016, la ANMAT quitó al fentanilo del listado de medicamentos con trazabilidad obligatoria. Hoy, esa omisión está en el centro de esta tragedia”. La ex ministra de Desarrollo Social de Alberto Fernández también destacó el trabajo del Instituto Malbrán en los peritajes para establecer en qué momento se contaminó el medicamento.
Mónica Fein (Socialista) recordó los antecedentes del laboratorio HLB Pharma y Ramallo: “En Rosario, la empresa Apolo —con las mismas personas detrás por Garcìa Furfaro— causó una explosión que hirió a cinco personas. Luego se trasladaron a otra provincia y abrieron HLB Pharma”.
La Cámara de Diputados ha enviado un mensaje claro: la salud pública no puede quedar librada al mercado sin controles rigurosos. El fentanilo es una sustancia altamente regulada en todo el mundo, y los errores cometidos en esta cadena de producción y distribución revelan fallas graves en los sistemas de vigilancia. Aunque el Poder Ejecutivo no tiene un plazo legal para responder, el drama del fentanilo contaminado reclama celeridad, transparencia y responsabilidades claras.
