Buenas noticias desde Washington, un panorama complejo en Buenos Aires. El mega anuncio del Tesoro norteamericano, que confirmó el swap por USD20.000 millones con el Banco Central y una venta de dólares inédita en el mercado local, que implicó la compra de pesos por parte de la administración republicana, le dio ayer a Javier Milei el respaldo suficiente para contener la crisis y llegar sin sobresaltos cambiarios al 26 de octubre.
El rescate norteamericano, que terminará de sellarse el martes en el Salón Oval cuando el presidente visite por primera vez en la Casa Blanca a Donald Trump, fue celebrado anoche en exceso por la Casa Rosada, y el impacto tuvo un rápida reacción de los mercados, con un retroceso del dólar mayorista, un alza de bonos y acciones y una caída del riesgo país, que se desplomó un 15% y llegó a los 902 puntos básicos.
Sin embargo, las noticias de Washington llegaron a Buenos Aires justo en el desenlace de una movida que exhibió, otra vez, la mala praxis del gobierno: ayer, la Junta electoral de la provincia de Buenos Aires rechazó la impresión de la boleta única en ese territorio y confirmó, contrario al objetivo de La Libertad Avanza, que José Luis Espert estará el 26 de octubre como la figura principal del oficialismo en las poco más de 14 millones de boletas en la elección del principal distrito electoral del país.
El fin de semana, cuando Milei entendió, tras una semana de dilaciones, que Espert debería dar un paso al costado, en el gobierno -al menos en un sector por el que pasan buena parte de las decisiones- existía un alto convencimiento de que la Justicia avalaría el pedido oficial. Eso fue, por caso, lo que le hicieron creer a Diego Santilli cuando lo convocaron el sábado y le avisaron que la Casa Rosada lo impulsaría como cabeza de lista de la boleta nacional en territorio provincial en lugar de Karen Reichardt, la segunda postulante detrás de Espert. Las imprentas encargadas de la producción de las boletas recibieron llamados informales por parte del gobierno para tantear los plazos.
Ayer, tras la decisión de la Junta electoral bonaerense, el gobierno dio por “muerta” la reimpresión de boletas, pero activó la apelación en la Cámara Nacional Electoral para tratar de imponer a Santilli como cabeza de lista en lugar de Reichardt, a pesar de la decisión de la justicia federal provincial que avaló a la ex actriz como cabeza de lista de LLA. “El corrimiento -de candidatos- puede tener aval de la cámara. Lo otro, murió”, sentenció anoche un operador libertario.
¿Por qué tanta insistencia del gobierno para tener a Santilli como cabeza de lista si las boletas el próximo 26 de octubre tendrán las figuras de Espert y de Reichardt, y el Ejecutivo ya definió que, a pesar de la decisión de la Justicia, el diputado del PRO será la figura central, junto a Milei, de la campaña en territorio provincial?
Una explicación es por un posible debate de cabeza de listas, como pidió Santilli apenas se enteró que el gobierno lo propondría para ese lugar. En el seno de LLA aseguraron, además, que la insistencia del gobierno podía tener que ver con la campaña publicitaria, a pesar de que la Dirección Nacional Electoral confirmó que en los spots pueden figurar los primeros postulantes, sin necesidad de que sea el primero.
La decisión de este jueves de la Justicia evidenció una serie de desaciertos exhibidos desde la demora del gobierno en bajar la candidatura de Espert -la Casa Rosada consumió una semana de campaña en una errática defensa pública que, al final, terminó con el economista fuera de la lista, de la comisión de presupuesto y hacienda y de licencia en la Cámara baja- y el infortunio en torno a la reimpresión de boletas, una movida política que el gobierno no supo refrendar en la Justicia.
Desde la derrota en las elecciones bonaerenses del 7S, el gobierno entró en una crisis política sin precedentes que derivó en un tembladeral del programa económico que obligó al presidente y su ministro Luis Caputo, “Toto”, a recurrir al Tesoro norteamericano. Esa derrota activó a la administración republicana, que se pronunció en favor de cualquier tipo de salvataje de la gestión libertaria. El anuncio de este jueves evidenció esa afirmación.
Scott Bessent, el flamante portavoz de los anuncios del programa económico, pidió hace ya varias semanas un acuerdo de gobernabilidad amplio que en sectores del gobierno esperan poder instrumentar después de las elecciones. Es parte de lo que hablaron Milei y Mauricio Macri en las dos reuniones que mantuvieron la semana anterior, especialmente en la segunda, cuando el expresidente dejó Olivos con una sensación mucho más amigable que el primer encuentro, de hace dos domingos.
Esa contribución por parte del PRO a LLA en términos de la gestión ejecutiva -no parlamentaria- estará sujeta, en buena medida, al resultado del 26 de octubre -en territorio provincial, el panorama no es muy alentador-. Y a la definición, o no, del presidente y su hermana Karina de instrumentar una modificación del sistema de toma de decisiones y una reorganización del gabinete, más allá de los funcionarios que dejarán el gobierno para mudarse al Congreso.
Guillermo Francos es uno de los que impulsa ese recambio. El jefe de Gabinete activó en las últimas semanas conversación mucho más frecuentes con Macri y ex funcionarios macristas. Este jueves, en los estudios de Infobae en Vivo, sorprendió con una declaración particular: “Hay algunos que firmamos resoluciones, decretos, y hay otros que asesoran pero no tienen esa responsabilidad”.
– «¿Le gustaría que Santiago Caputo tenga firma?“, le preguntaron.
– “Obvio, dirigentes que están participando del gobierno, que asuman responsabilidades, es bueno”, respondió el ministro coordinador.
Los dichos de Francos se dan en un contexto particular. No solo por el anuncio proveniente de Washington, y después de que Bessent volviera a insistir en la necesidad de implementar un “amplio consenso político en Argentina para la segunda mitad del mandato” de Milei, principalmente para los intereses de las empresas norteamericanas en nuestro país. Si no por las repercusiones de la sesión de este miércoles, que volvió a revolver la interna puertas adentro del gobierno por la actividad en el Congreso y la operación parlamentaria en torno al proyecto de modificación del régimen de DNU, que será devuelto al Senado tras los cambios en el artículo 3 del texto respecto a los plazos.
En el entorno del consultor le adjudican conversaciones con gobernadores aliados para la concreción de esas modificaciones. En la presidencia de Diputados dicen que Martín Menem activó algunos votos. Se habla, además, del rol de Francos o el ministro Lisandro Catalán.
En Casa Rosada dejaron trascender que el retorno del proyecto al Senado, que evitó que Milei tenga que vetar otra ley en medio de la campaña, fue producto de las gestiones del asesor principal del presidente por fuera de su hermana. Más allá del copyright de las gestiones, el operativo parlamentario exhibió en las últimas horas la validez de las internas detrás de los trascendidos en torno a la renovación del gabinete post elecciones. ¿Caputo quiere ser ministro coordinador?
Este jueves, el consultor se reunió en menos de 48 horas por segunda vez con Barry Bennett, un lobista norteamericano que tiene vínculo directo con Trump y que, según fuentes oficiales, colaboró en la resolución de la administración republicana respecto del salvataje del gobierno. Una colaboración que, puertas adentro del gobierno, alimentó suspicacias. Y que, más allá del resultado de las elecciones, puede tener consecuencias directas el día después.
