El Colegio de Psicólogos de Quilmes suspendió por un año la matrícula de un profesional tras recibir denuncias de acoso, abuso de poder y conductas indebidas en el ámbito terapéutico y académico. El hombre, además, enfrenta es investigado por la Justicia por abuso sexual.
El acusado es P.B. (M.P. 61853), quien a lo largo de su carrera trabajó como docente, terapeuta y supervisor en instituciones del ámbito privado y universitario. También tuvo participaciones en un canal de televisión durante la pandemia de coronavirus. Fue denunciado por colegas, alumnas y pacientes.
Las primeras denuncias formales aparecieron a comienzos de 2024 en el Colegio de Psicólogos de Quilmes. Luego de la difusión de los primeros relatos, un grupo de mujeres impulsó la creación de una cuenta de Instagram, donde comenzaron a volcarse diferentes testimonios que aportaron detalles sobre la modalidad de abordaje y contacto del acusado.
Allí, los relatos revelan patrones similares. Las denunciantes describen que P.B. establecía relaciones de confianza iniciales para después derivar el vínculo hacia un plano personal y afectivo.
“La forma de operar de esta persona es sutil, prolija, silenciosa. Atiende población femenina en estado de vulnerabilidad, y de eso se aprovecha para obtener sus beneficios”, se expresaba en uno de los mensajes publicados en la cuenta, que fue dada de baja tras una intervención de P.B., según las mismas denunciantes.
Otro testimonio señala que el acusado, siendo docente, pedía fotos personales a alumnas o hacía chistes de contenido sexual. Y varios relatos detallan incomodidad ante comentarios, contacto físico fuera de contexto o derivación a conversaciones íntimas por mensajería.
La mayoría de los casos, en resumen, refieren situaciones donde existía una posición de poder, ya sea como docente, terapeuta o jefe en un espacio laboral. Se habla de que este tipo de conductas se daba desde hace más de una década.
A partir de la difusión en redes, comenzaron a sumarse nuevos relatos y consultas de mujeres que habían vivido situaciones similares, aunque muchas expresaron temor a efectuar una denuncia formal. Así, al menos siete personas formalizaron denuncias con nombre y apellido ante la entidad, aunque aseguran que habría más de 15 mujeres afectadas, sumando ex pacientes, alumnas y terapeutas.
La resolución del Colegio llegó en agosto pasado. El Tribunal de Disciplina determinó que P.B. violó normas éticas claves del Código de Ética bonaerense y de la FePRA, como la prohibición de aprovechar la asimetría de poder en la relación terapéutica para establecer vínculos de intimidad o autoridad.
Para el tribunal, existieron transgresiones a los artículos referidos a la ética profesional y establecieron la suspensión del profesional por un año, remarcando que ya contaba con una sanción previa.
El expediente administrativo derivó en la sanción del Colegio, pero también se tramitan denuncias penales en la Unidad Fiscal N°8 de Quilmes. En ese fuero apuntan directamente a abusos sexuales, una figura de delito que reviste mayor gravedad. Las actuaciones judiciales permanecen en curso y bajo reserva.
Las denunciantes señalaron que la respuesta de los organismos judiciales fue, hasta el momento, insuficiente.
