Ricardo Lorenzetti dio una conferencia magistral organizada por la Fundación Formarte en la provincia de Chaco. En el evento se presentó el libro “Derechos Humanos y Juicios de Lesa Humanidad: la visión de la magistratura”, que bajo la dirección del juez de la Corte Suprema y la coordinación del juez Andrés Basso, reunió a jueces y juezas de todo el país para armar una obra colectiva sobre los derechos humanos y los juicios de lesa humanidad. Participaron también Andrés Basso, juez y titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Rocío Alcalá, presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones y coautora, y Manuel Pizarro, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y coautor.
En la conferencia Lorenzetti habló sobre la importancia del juzgamiento de los delitos de lesa humanidad como un modelo de justicia y legitimidad democrática, el rol del Poder Judicial en la defensa de los derechos humanos, y la necesidad de reconectar las instituciones con la sociedad. También reflexionó sobre el valor del consenso social en torno a ciertos derechos fundamentales, como la igualdad de género, la diversidad y la libertad de expresión, y advirtió sobre los riesgos actuales que enfrentan las democracias frente al debilitamiento de sus instituciones.
“¿Qué nos enseña el juzgamiento de los derechos humanos por parte del Poder Judicial? Es importante señalar que es un verdadero modelo internacional, pero también es un modelo de cómo funcionan los mecanismos de juzgamiento de derechos humanos. En primer lugar, esto nació en las calles. Casi todos los movimientos de derechos humanos nacen desde las calles, desde la pasión de cada uno de los seres humanos. Así ha ocurrido con casi todos los movimientos de derechos humanos”, dijo Lorenzetti, que también destacó que fue recibido por todos los poderes del Estado y reconocido en distintas épocas, una verdadera política de Estado. “Esto forma parte del contrato social de los argentinos, es un consenso extendido por todos los partidos políticos en la sociedad, por todos los poderes del Estado durante mucho tiempo. Es excepcional, porque hay muy pocos temas en los cuales los argentinos tengamos semejante nivel de consenso a lo largo de muchos años en todos los poderes del Estado, por todos los sectores políticos y en todos los niveles. Es un modelo que debemos repetir”, expresó.
En relación a esto aseguró que para este tipo de procesos se necesita una decisión muy importante: “cuando en la Corte, en el caso Simón, resolvimos la inconstitucionalidad de las leyes que impedían la investigación, se abrió un panorama muy complejo. Reconocimos muy claramente que esto había comenzado con el Juicio a las Juntas, había comenzado con el gobierno del presidente Alfonsín, continuó durante los gobiernos posteriores, con avances y retrocesos, pero no había un dueño de los derechos humanos. Esto es muy importante, sobre todo para las generaciones futuras: no hay un dueño de los derechos humanos, hay un proceso colectivo de elaboración”, explicó.
A continuación recordó el momento en que la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las leyes que impedían juzgar los crímenes de lesa humanidad y explicó que esa decisión abrió un panorama complejo, con un Poder Judicial diezmado y numerosos tribunales incompletos o saturados. Frente a esa situación, se debatió si crear un tribunal o una ley especial, pero finalmente se optó por avanzar con los tribunales y normas ya existentes, para preservar la legitimidad democrática del juzgamiento. “Cuando hablamos del juzgamiento de derechos humanos, debemos preservar la legitimidad democrática. Se hace dentro de la democracia con las instituciones de la democracia”, sostuvo. Para afrontar los desafíos logísticos, se conformó una comisión interpoderes que contó con la colaboración de los tres poderes del Estado.
“Es un proceso que nació en las calles, que recorrió todos los poderes del Estado durante mucho tiempo, que forma parte del contrato social de los argentinos y se hizo dentro de la legitimidad democrática”, destacó el juez. También opinó que este proceso “significó reconectar a los poderes judiciales, pero también a todas las instituciones con la sociedad. La mejor prueba de esto es que cuando se decidió algo contra ese consenso hubo una enorme reacción en todo el país”, dijo en relación a la sentencia conocida como el 2×1. “Hubo una reacción muy grande en todo el país, se percibía que esto podía significar una desconexión, un retroceso. Entonces, tengamos presente que cuando las instituciones funcionan, tienen que orientarse hacia la reconexión con el humor social. No un populismo, sino percibir con el oído cuál es el consenso social en los grandes temas de derechos humanos”, comentó.
Más adelante el juez recordó “una conversación con una jueza de Estados Unidos, que ya no está, O’Connor, que me decía que lo más importante que tiene que tener un juez, sobre todo en Corte Suprema, es el oído respecto del rumor que percibe en el consenso social”. Seguidamente dijo que las instituciones tienen que ir guiando los grandes consensos sociales que unifican, y en relación a esto contó que algo parecido pasó cuando el Poder Judicial tuvo que resolver la crisis económica del año 2000 y 2001: “hubo una enorme crisis y hubo muchísimos problemas porque se había desconectado el Poder Judicial respecto de otro tema de derechos humanos, que era la protección de la propiedad de los ahorristas argentinos. Cuando entré a la Corte recuerdo muy bien que casi toda la gente que me acompañó Rafaela me decía, ”¿por qué no te volvés? Porque no se podía entrar. Teníamos que entrar escondidos por la reacción social contra alguna sentencia, principalmente el caso Bustos, que había legitimado las normas de emergencia económica y afectaba el ahorro de los argentinos. Nos costó dos años de negociaciones internas en la Corte para decir que los argentinos tienen derecho a que sus ahorros estén protegidos. Lo que está ahora incluso en el Código Civil y Comercial de la Nación, recogido expresamente, que el contrato tiene el carácter de propiedad, es decir, los ahorros de los argentinos también constituyen un derecho fundamental y están protegidos. Ahí vemos también otro ejemplo de conexión-reconexión”, señaló.
“Los derechos humanos tienen que ver con el carácter de humanidad. ¿Y qué significa el carácter de humanidad? Eso lo tenemos en la Constitución, porque son aquellos que forman parte del contrato social de los argentinos. Está en la Constitución y, sobre todo, no puede cambiar”, mencionó Lorenzetti. Sobre esto agregó que Argentina tiene una larga historia pendular que hace que cada tanto se cuestionen los consensos básicos y empecemos a discutir todo de nuevo. “Necesitamos una estabilidad, que es un consenso básico, y esos son los derechos humanos. La Constitución nos da una identidad, que no puede cambiar con cada gobierno o con cada década o con cada periodo. Necesitamos reafirmar esa identidad que son los derechos fundamentales. No podemos volver a discutir este tema sobre los juicios de lesa humanidad porque ya está resuelto”, opinó el juez.
“¿Qué otros temas tenemos en derechos fundamentales que están resueltos? Las cuestiones de género. También nació en las calles, también nació en la lucha de unas pocas personas que se animaron a decir “hay un problema con la mujer”. Nosotros recibimos esas primeras quejas y decidimos crear la Oficina de la Mujer en la Corte Suprema y la Oficina de Violencia Doméstica hace ya bastantes años, y eso se reprodujo en todo el país con Carmen Argibay. Eso generó en las calles un proceso que fue creciendo y se hizo masivo, y terminó en el reconocimiento de la igualdad de género, y una fuerte política de Estado reconociendo la diversidad de género, no solo la igualdad, sino la diversidad. Hoy lo tenemos en el Código Civil y Comercial de la Nación. Y hay otros. Cuando nosotros hablamos de libertad de expresión, la hemos reconocido en numerosos fallos de la Corte Suprema y de casi todos los tribunales del país, tanto federales como provinciales. Y esto tampoco tiene que cambiar, porque está en la Constitución, está en la tradición legislativa y está en la tradición judicial de la Argentina, y forma parte del consenso que cada persona pueda opinar, decir libremente lo que piensa sobre cualquier tema”, manifestó Lorenzetti.
“Este proceso de lesa humanidad es un gran modelo de cómo debemos continuar en la defensa de los derechos humanos y fundamentales, y esto hace a la noción de identidad, que es muy importante para que los argentinos reflexionemos, porque la identidad está en la Constitución y no podemos pensar que tenemos otra identidad. Tenemos que optar y lo hemos hecho, si queremos un país en el cual hayan pocos que tienen mucho, y muchos que tienen poco. La Constitución es clara, dice “igualdad real de oportunidades”, que tengamos movilidad social, que es algo de lo cual yo disfruté, porque mi padre era empleado de comercio, mi mamá maestra en una ciudad donde no había universidad. Y yo pude ir a una universidad pública, estudiar, recibirme, trabajar y llegar a la Corte Suprema. Esa movilidad social es la igualdad real de oportunidades, que cualquier chico o chica que está acá en el Chaco pueda tener la oportunidad de tener una vida y no una opción distinta”, reflexionó.
Seguidamente habló de los ataques a los poderes judiciales que, según su parecer, se debe a que “aplican la ley”. “¿Cómo se hace ese ataque? De diversas maneras: no designando jueces y juezas. Nosotros ya estamos casi en el 35% de vacantes en la Justicia Federal; o bien haciendo que los tribunales sean elegidos electoralmente, como ocurrió en México; o bien sacándoles el presupuesto; o bien condicionándolos de alguna otra manera, con leyes. Hay un ataque a los poderes judiciales. Detrás de ese ataque a los poderes judiciales hay un ataque a las democracias porque se debilitan los poderes de control”, aseguró el magistrado.
Hacia el final de su disertación Lorenzetti dejó un mensaje esperanzador al mencionar que este es “un momento de grandes idealismos, es un momento de decir “tomamos la bandera”, cómo lo hicieron en plena dictadura esos chicos cuyas fotos están ahí, o esas chicas que transitaban por las calles peleando por sus derechos y por la igualdad, o tantos movimientos que ocurren en nuestro país y en el mundo. Levantar las banderas de los derechos humanos en cada una de estas áreas es transformar la sociedad. Es darle vitalidad a la democracia”. Y finalmente aconsejó dejar de lado el pesimismo, la queja permanente, “ese tango melancólico que tenemos los argentinos, levantemos esas banderas de los derechos humanos y pongámonos a trabajar juntos”.
Antes de Lorenzetti presentó la conferencia la Dra. Rocío Alcalá, presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Chaco, que también participó del libro “Derechos Humanos y Juicios de Lesa Humanidad: la visión de la magistratura” . En sus palabras de presentación Alcalá aseguró que “la justicia y la defensa de los derechos humanos son más que nunca una prioridad y una responsabilidad de todos”, para luego destacar que “desde nuestro rol como jueces tenemos una función trascendental: contribuir a consolidar la democracia y a fortalecer el Estado de derecho, no sólo mediante la aplicación de la ley, la independencia judicial, la garantía de un juicio justo e imparcial, sino que la justicia tiene la capacidad de reparar heridas abiertas en la sociedad, promover la reconciliación y prevenir la repetición de hechos atroces”.
Luego habló Manuel Pizarro, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, y también coautor del libro, y subrayó que “en la etapa primigenia que fue el juicio a las Juntas, un juicio valiente, un juicio donde todavía estaban los detentores de la dictadura, entre ese parangón y lo que va a suceder luego en el año 2003, a partir de un esfuerzo fundamentalmente de la ciudadanía, la ciudadanía que entendió que debía haber justicia”.
A continuación fue el turno de Andrés Basso, juez, titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), y coordinador del libro. “Queríamos que este libro tenga una mirada más humanitaria de los jueces, que los jueces podamos transmitir cuáles fueron las vivencias, las sensaciones que nos habían dejado la participación en causas de lesa humanidad”, explicó. Sobre el rol del Poder Judicial opinó que “en todas las etapas institucionales que vivió nuestro país desde el año 1983, siempre cumplió con el rol asignado por la Constitución y siempre estuvo a la altura de las circunstancias para poder llevar adelante, acompañar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, y poder llevar adelante el proceso de investigación, esclarecimiento, sanción de esas graves violaciones a los derechos humanos”, opinó, y destacó que todo esto lo hizo “sin comisiones especiales, sin tribunales internacionales, sino que lo hizo con los jueces y juezas de la República y con los tribunales locales, con el Código Penal y con el Código Procesal que nos rige para todos los demás delitos”.
Participaron del evento el gobernador de la provincia, Leandro Zdero, y otras autoridades de la gobernación.
