Un empleado del Ministerio de Salud de Entre Ríos, identificado como Diego Alberto Figueroa, deberá afrontar el pago de una multa millonaria, luego de que fuera acusado de haber recibido fondos públicos que habrían sido asignados de forma irregular. De esta manera, deberá devolver una suma superior a los 8 millones de pesos al Gobierno entrerriano.
La medida, adoptada por el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, también implicará la apertura de un sumario administrativo y la activación de mecanismos legales para recuperar los fondos. A través de la publicación de un decreto en el Boletín Oficial Nº 28.208 de la provincia, la devolución fue solicitada por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
La decisión se fundamenta en los incisos a) y b) del Artículo 71° de la Ley 9755, normativa que regula el empleo público en la provincia. Según el decreto, Figueroa, quien ocupaba el cargo de Categoría 06 en la Carrera Administrativa del Escalafón General dentro de la División Concurso, habría incumplido las normativas establecidas, lo que derivó en la asignación indebida de fondos.
De acuerdo con la información publicada por El Once, el texto oficial detalla que el monto a reintegrar asciende a $8.401.477,96, cifra a la que se suman los intereses generados desde el momento en que los fondos fueron otorgados de manera irregular hasta la fecha en que se concrete el pago.
En el texto del decreto se especificó: “Intímase a través del Ministerio de Salud al agente Diego Alberto Figueroa, para que en un plazo perentorio e improrrogable de 30 días desde su notificación, proceda a la devolución de la suma de $8.401.477,96, más los intereses devengados y a devengarse”.
De esta forma, el decreto estableció un plazo improrrogable de treinta días desde la notificación para que el empleado de Salud efectúe la devolución. En caso de no cumplir con este requerimiento, la Fiscalía de Estado de Entre Ríos será la responsable de iniciar las acciones legales necesarias para garantizar el cobro, lo que podría derivar en un proceso judicial.
Despidieron a una empleada del Ministerio de Salud de Entre Ríos por acumular más de 300 faltas injustificadas
Un extenso historial de ausencias llevó a que el Gobierno de Entre Ríos resolviera la cesantía de María Belén Paulina, una mujer que se desempeñaba en el Departamento de Bioestadística del Ministerio de Salud provincial, luego de que se descubriera que tenía cientos de ausencias en su puesto laboral.
La medida fue oficializada a finales de julio de este año, mediante la publicación del Boletín Oficial Nº 28.146 de la provincia, en donde las autoridades fundamentaron que la empleada contaba con la acumulación de 363 inasistencias injustificadas repartidas entre los años 2015 y 2019.
El sumario administrativo detalló la distribución anual de las ausencias: 62 días en 2015, 6 en 2016, 19 en 2017, 223 en 2018 y 53 en 2019. Todas estas faltas fueron consideradas infundadas, ya que la empleada no presentó la documentación requerida para avalarlas. Incluso en los casos en los que alegó haber presentado problemas de salud.
Por esto, el decreto que dispuso la sanción señaló de manera explícita: “La agente María Belén Paulina, no cumplió con su débito laboral en las fechas supra detalladas”. Además, el documento remarcó que la conducta de la trabajadora superó ampliamente el límite reglamentario de diez inasistencias injustificadas, continuas o discontinuas, en los doce meses inmediatos anteriores.
La resolución adoptada por las autoridades provinciales se apoyó tanto en la magnitud de las faltas como en la agravante detectada durante la investigación, que indicó la posibilidad de que la agente hubiera incurrido en nuevas ausencias tras el período analizado. La Comisión Asesora de Disciplina intervino en el proceso antes de que se aprobara la decisión final.
