El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos ordenó la realización de un nuevo juicio oral contra Néstor Pavón, esta vez como acusado de la coautoría del femicidio de Micaela García, asesinada en 2017 e inspiradora de una ley que lleva su nombre. El hombre, dueño del taller donde trabajaba Sebastián Wagner, único acusado hasta ahora del crimen, había sido condenado en primera instancia a 5 años de prisión por encubrimiento agravado. El Tribunal de Juicio de Gualeguay había descartado las acusaciones de la Fiscalía y la querella particular acerca de su participación en el abuso y el posterior homicidio.
Esta decisión había sido cambiada en la apelación. La Cámara de Casación Penal anuló esta sentencia y dispuso que Pavón sea juzgado nuevamente. Como fundamento, los camaristas entendieron que la prueba en contra del jefe de Wagner había sido valorada de forma arbitraria.
Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia revirtió esta decisión de segunda instancia al aceptar los planteos que hizo la defensa de Pavón. De esta manera, rehabilitó la condena de primera instancia. El hombre fue excarcelado en agosto de 2024 al cumplir los dos tercios de la sentencia que se le había impuesto como encubridor.
El proceso legal prosiguió y llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de recursos extraordinarios que presentaron los fiscales y la querella que representó a la familia de Micaela. El máximo tribunal, siguiendo el razonamiento del dictamen del procurador Eduardo Casal, dejó sin efecto la decisión del STJ de Entre Ríos con respecto a Pavón y ordenó la realización de un nuevo juicio.
Ahora, deberá evaluarse la posible coautoría de Pavón en el crimen. Además, la Corte remarcó que, al tratarse de un femicidio, el análisis probatorio debe ser integral, con perspectiva de género y máxima diligencia en la investigación.
El caso tiene a Wagner cumpliendo una condena perpetua por ser autor del abuso y posterior asesinato de Micaela. La sentencia conmovió los cimientos del poder judicial entrerriano. Es que el femicida era un convicto con antecedentes por violación que había sido dejado libre por el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi. El magistrado fue sometido a un jury, pero el procurador Jorge García no lo acusó y no recibió ninguna sanción por su actuación.
En la causa hubo otro acusado. Se trató de Gabriel Otero, quien fue absuelto.
Micaela García era estudiante de educación física y militante de la Agrupación Evita y del colectivo “Ni una menos”. Este movimiento feminista surgió luego de una serie de femicidios ocurridos durante el transcurso de 2015.
El 1 de abril de 2017 desapareció en Gualeguay, localidad ubicada 220 km al sur de Paraná. Había salido a bailar. Al regresar, fue interceptada por Wagner. Eran las 5 de la madrugada El hombre conducía un Renault 18 Break. Allí, la sometió sexualmente y luego la mató.
El cuerpo de la joven apareció una semana después en las afueras de la ciudad. De los testimonios reunidos en la investigación surgió que en el descampado donde se encontró el cuerpo fue visto el vehículo Renault Break con dos hombres a bordo. La situación fue registrada entre las 8 y las 8.15.
De inmediato, se sucedieron multitudinarias manifestaciones en todo el país pidiendo el esclarecimiento de su muerte.
A raíz de la actuación del juez Rossi, el Congreso de la Nación dictó la ley 27.499. Se la conoce como “Ley Micaela”. Su objetivo es capacitar y sensibilizar a los integrantes de los tres poderes del Estado en perspectiva de género y violencia contra las mujeres.
