A horas de que se venza el plazo para presentar su descargo en el jury que la juzga por mal desempeño en el juicio por la muerte de Maradona, la jueza Julieta Makintach presentó este miércoles la defensa a las acusaciones que pesan en su contra.
“No hubo filmación prohibida, sino que se trataba de un hecho conocido por todos los integrantes del tribunal”, dice el texto al que tuvo acceso Infobae y en el cual cargó contra sus ex colegas Maximiliano Savarino y Verónica di Tommasso, integrantes del TOC N°3 de San Isidro a cargo del juicio nulo por la muerte de Maradona.
El escrito ingresó pasado el mediodía a la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires. Lo presentó a través de su abogado, Darío Saldaño, según informaron fuentes judiciales a este medio.
En su extenso descargo, la magistrada -que enfrenta el jury mientras aguarda esperanzada a que el gobernador Axel Kicillof le acepte la renuncia– dio sus explicaciones por primera vez a la Justicia sobre las acusaciones que realizaron el Procurador de la Corte bonaerense, el Colegio de abogados de San Isidro y la Comisión Bicameral.
Makintach, que se encuentra suspendida, planteó en primer término la recusación de la senadora Lorena Mandagarán, integrante del jurado, por haber adelantado su opinión en medios de comunicación, lo que a su criterio generaba un fundado temor de parcialidad.
En cuanto a las acusaciones, negó de manera categórica que hubiera existido una filmación prohibida. Explicó que las grabaciones fueron «conocidas y autorizadas por todos los miembros del tribunal», que se limitaron únicamente al primer día del juicio, cuando un camarógrafo se encontraba presente “a la vista de todos”.
Aclaró además que “no participó en ningún documental” sobre el proceso, ya que se trató de una idea de terceros que nunca avanzó, y que la entrevista que aceptó “fue previa al inicio del debate, realizada en un día inhábil, sin afectar su labor judicial”.
Rechazó, asimismo, la acusación de que el debate hubiera estado “guionado”, afirmando que no existe sustento probatorio para ello.
Respecto de la nulidad del debate, señaló que fue una decisión adoptada por los jueces Savarino y Di Tomasso y no atribuible a su actuación. Añadió que existían mecanismos legales para subsanar cualquier incidencia y que no hubo conexión entre su recusación y la resolución de nulidad.
También rechazó haber incurrido en mal desempeño, abuso de autoridad, malversación de recursos públicos o incumplimiento de deberes, subrayando que no hay pruebas objetivas que respalden esas imputaciones. Recordó que todas las decisiones en el tribunal se adoptaron de manera colegiada, lo que impide responsabilizar a un solo juez por actos colectivos.
En su defensa también argumentó que el caso estuvo atravesado por un fuerte componente mediático y que la acusación se apoyó en presiones externas y construcciones públicas, no en hechos jurídicos comprobados.
El jury
A principios de julio, los legisladores que integran el jurado de enjuiciamiento habían suspendido oficialmente de su cargo a Makintach. Esto significa que no podrá volver a sus funciones por tiempo indeterminado.
La decisión fue importante para descular la postura de los conjueces sobre el escándalo que la tiene como protagonista: esa votación para apartarla oficialmente -que fue unánime- podría significar que para ellos hay elementos en la causa que comprometen seriamente a la jueza.
Hasta que termine el juicio político y se resuelva si la destituyen o no de su cargo, Makintach no podrá volver ejercer.
Por lo pronto, ahora la presidenta de la Suprema Corte Bonaerense, Hilda Kogan, tiene que convocar a una audiencia para tratar la admisión de la acusación y el futuro del jury.
