Hace dos días que el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta había solicitado la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Mirta Adela Herrera, una mujer de 55 años, que había sido denunciado como desaparecida por su hija. Finalmente, la causa derivó en una averiguación de muerte, luego de que hallaran su cuerpo en su monte.
Después de que se difundiera la búsqueda, el cadáver fue encontrado este sábado en un descampado de la localidad de Joaquín V. González. Según informaron fuentes oficiales del caso, fue reconocida por transeúntes en una zona de monte cercana a su domicilio, situado en el barrio El Alto.
Tras el aviso a la Policía de Salta, la fiscal María Celeste García Pisacic, a cargo de la Fiscalía Penal 1 de Joaquín V. González, dispuso la intervención del personal de Criminalística y de la División Bomberos en el lugar del hallazgo. Entre las medidas adoptadas, la investigadora ordenó la realización de una autopsia para establecer con exactitud la causa y el momento de la muerte.
Según la información publicada por El Tribuno, la denuncia había sido presentada por la hija de Herrera, quien señaló que su madre estaba bajo tratamiento psiquiátrico. Este detalle llevó a la activación inmediata del protocolo de búsqueda de personas extraviadas, pero, a pesar de la rápida intervención, la situación concluyó con el descubrimiento del cuerpo durante la tarde del sábado.
Aunque no se dieron detalles de la condición psicológica en la que se encontraba la mujer, las autoridades indicaron Mirta faltaba de su hogar desde el miércoles 24 de septiembre. Asimismo, precisaron que medía 1.60 metros, tenía el pelo teñido en tonos rojizos y siempre portaba un collar con la imagen de la Virgen de Huachacana.
Ofrecen $5 millones de recompensa para quien aporte datos sobre el paradero de una mujer desaparecida en Salta
La búsqueda de Rosmery Aramayo Torrez en la provincia de Salta sumó un nuevo incentivo, luego de que el Ministerio de Seguridad Nacional anunciara que ofrecerán una recompensa de $5.000.000 para quienes aporten información que permita localizar los restos de la mujer, desaparecida desde enero y presuntamente víctima de femicidio.
Esta decisión, que ya oficializada en el Boletín Oficial, responde a un pedido realizado por la Fiscalía Penal de Graves Atentados contra las Personas del Distrito Judicial de Tartagal, bajo la dirección del doctor Gonzalo Ariel Vega, quien investiga el caso caratulado como “Homicidio calificado por el vínculo y el género (femicidio)”.
La resolución especifica que la recompensa está destinada a personas que no hayan participado en el hecho delictivo y que puedan ofrecer datos útiles para hallar los restos óseos o humanos de Rosmery. También aceptarán información precisa sobre posibles hallazgos en la Ruta Provincial 54 o en el trayecto hacia el Rancho El Ñato (Ruta Provincial 146).
Según la investigación, el caso se remonta al 17 de enero, cuando la mujer habría salido de su domicilio en el barrio Ferroviario de Salvador Mazza junto a su pareja, José Eduardo Miranda, a bordo de una camioneta Ford Ranger roja.
A partir de ahí, los investigadores sospecharían que ambos tomaron la Ruta Nacional 34 y luego la Ruta Provincial 54. Horas después, Miranda regresó solo y lavó el vehículo. Desde ese momento, no se volvió a tener noticias de la mujer, ni se estableció cuál habría sido el destino de la pareja.
La Fiscalía sostiene que, tras tomar la Ruta Provincial 54, el hombre habría asesinado a Aramayo Torrez, con la presunta participación de José Alfredo Miranda, hijo de ambos. Sin embargo, hasta la fecha, los restos de la víctima no han sido encontrados.
Al momento de ser indagado, la pareja de la mujer denunció que se habría tratado de un abandono voluntario, tras contar que viajaron a Yacuiba (Bolivia) por pasos no habilitados, donde supuestamente Rosmery decidió terminar la relación y marcharse con un desconocido. Su relato sería derribado por los registros que recuperaron de las cámaras de seguridad.
La desaparición fue advertida por Kimberly Torres, hija de un matrimonio anterior que tuvo la mujer y actual residente en Tarija (Bolivia), quien alertó a la familia al no recibir comunicación ese día. Asimismo, la fiscalía confirmó la existencia de antecedentes de violencia de género en la pareja, aunque evitó brindar detalles.
El expediente fue derivado a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) y la búsqueda se concentró en la zona de Pozo La Yegua, donde el acusado afirmó que Rosmery cayó al agua tras un desmoronamiento de tierra.
A pesar de este dato que brindó el sospechoso, los rastrillajes realizados con la colaboración de la comunidad local y el uso de drones no arrojaron resultados positivos. Posteriormente, se inspeccionaron áreas cercanas al Rancho El Ñato y una laguna en El Chivil, también sin hallazgos.
Para el 1 de febrero, detuvieron al hijo mayor de la pareja, quien fue imputado como partícipe primario por presunta colaboración en la desaparición. No obstante, José Alfredo recuperó la libertad bajo medidas sustitutivas y sigue vinculado a la causa.
Por otro lado, unos perros especializados inspeccionaron la vivienda y la camioneta de Miranda, sin detectar restos biológicos o humanos, según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta. Además, se dispuso que el hijo menor del matrimonio, de 7 años, quedó bajo el cuidado de familiares paternos por decisión judicial.
Desde la desaparición, la familia de Rosmery organizó marchas en Salvador Mazza y otras localidades para exigir justicia. Mientras que los investigadores sostuvieron que el móvil estaría vinculado a disputas económicas y patrimoniales, ya que “ella tenía propiedades y parece que él quería quedarse con ellas”, su pareja permanece bajo prisión preventiva, inicialmente por cuatro meses, prorrogables por igual período.
