La Policía de la Ciudad desplegó un fuerte operativo en los accesos del estadio Monumental durante el partido entre Argentina y Venezuela, que dejó como resultado 8 detenidos y 178 actas contravencionales en los tres anillos de seguridad que se implementaron. Entre las personas infractoras, 79 correspondieron a trapitos que intentaron cobrar por el estacionamiento en la vía pública.
En el marco de la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, los efectivos porteños apresaron a ocho personas, entre ellas, uno con pedido de captura internacional. Además, se le aplicó a 12 simpatizantes el derecho de admisión, que no pudieron ingresar a la cancha al estar incluidos en el programa Tribuna Segura, y se identificó a 7 deudores alimentarios.
De los controles participaron más de 1000 efectivos policiales y la colaboración de Agentes de Tránsito y de Prevención, organizados por el Ministerio de Seguridad, a través del Comité de Seguridad en el Fútbol.
Entre los aprehendidos se encontraba un joven de 25 años, registrado en el acceso de la avenida Lidoro Quinteros. Es quien contaba con una orden de captura internacional por “robo con resultante homicidio” emitida por el Juzgado de Garantías Número 3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.
Tras la consulta al Juzgado Nacional de Rogatorias, el juez Gabriel Bustos dispuso la detención y traslado a la dependencia policial.
De las otras siete detenciones, cuatro se debieron a agresiones a trabajadores de seguridad privada, una por atentado y resistencia a la autoridad, y dos más por fraude en la venta de entradas.
Además, los efectivos policiales y personal del gobierno porteño labraron contravenciones por reventa de entradas, uso indebido del espacio público, ingresar sin entradas o incitar al desorden, actividades lucrativas no autorizadas, suministrar bebidas alcohólicas, ensuciar bienes, intentar ingresar pirotecnia y banderas no autorizadas, y por provocar a la parcialidad contraria.
En el caso de los deudores alimentarios, los infractores fueron descubiertos como parte del control regular que hace el personal policial en los ingresos, donde se solicita el DNI y se verifica en el momento si las personas están inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
En caso de figurar como deudores, los efectivos labran un acta y se les denegará el acceso al estadio hasta tanto regularicen su situación ante el juzgado correspondiente. De esta manera, las personas que figuren en el Registro no podrán ingresar a los estadios de fútbol.
Este tipo de controles se aplica por al artículo 15, de la Ley 269 incorporado por la Ley 6.771, que establece durante los eventos deportivos que los organismos públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo del control de acceso a los estadios de fútbol “deberán rechazar el ingreso a los estadios a aquellas personas que se encuentren inscriptas en el Registro Público de Alimentantes morosos”.
En relación con quienes se vieron impedidos de asistir al partido por el derecho de admisión, esta prerrogativa del personal policial surge de la facultad de un establecimiento o evento de reservarse la atribución de admitir o excluir, en ese lugar, a determinadas personas, siempre basado en razones objetivas y no discriminatorias.
Desde la Resolución 321/2025, el Gobierno nacional amplió las facultades para “restringir la concurrencia a espectáculos futbolísticos a toda persona que considere que puede generar un riesgo para la seguridad pública”. La resolución ahora alcanza a personas “imputadas, procesadas o condenadas” por delitos graves, especialmente aquellos que impliquen violencia o alteración del orden público, ya sea en el ámbito de un espectáculo futbolístico o en eventos relacionados.
Desde la activación de la base de datos de la Ciudad para Tribuna Segura, en 2019, se incorporaron en total 37.772 personas con impedimentos, de las cuales 9.390 ingresaron solo en los primeros siete meses de 2025.
Desde la órbita judicial, intervinieron la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Norberto Brotto; el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 40, de Verónica González, y la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 8 especializada en eventos masivos, que encabeza Maximiliano Vence y donde intervino la secretaría de José Pazos.
