Tal vez, en algún momento en estos últimos días, Matías Agustín Ozorio pensó, por un instante, en qué salió mal en toda su historia, qué fue lo que se rompió, lo que lo trajo hasta aquí, hasta el centro de la tormenta del triple femicidio más macabro de la década.
El Estado argentino, ciertamente, gastó recursos para traerlo de vuelta, con un vuelo de la Fuerza Aérea que fue hasta Lima y volvió con una delegación de agentes de elite de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA -el área local de Interpol- y de la Policía Bonaerense, solo para él, para que responda este viernes ante el fiscal Carlos Adrián Arribas.
El titular de la UFI de Homicidios de La Matanza se dispone a indagarlo como coautor de los asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi.
La acusación, femicidio agravado por premeditación y alevosía, es pesada. Si Ozorio es encontrado culpable por un tribunal, la única pena posible será la de prisión perpetua.
El detenido, de 28 años, escapó hacia Lima, donde fue arrestado esta semana.
Huyó de Argentina vía Bolivia, en un trayecto totalmente ilegal, con una circular roja de Interpol sobre su cabeza y mientras los detectives del caso buscaban, en simultáneo, a su amigo o jefe o lo que sea, Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”.
Justamente, “Perqueño J” está señalado como el cerebro de las horrendas muertes de las tres chicas en el marco de la trama de una supuesta venganza narco, en un expediente donde -todavía- no se halló un solo gramo de droga.
Para Arribas, Ozorio estuvo allí, en la casa de la calle Chañar de Villa Vaettone, Florencio Varela, mientras mataban a Brenda, Lara y Morena. Se encontró con “Pequeño J” antes y después de los crímenes, de acuerdo al análisis de celulares ordenados en la causa.
Así, el detenido volvió al país en un avión, rodeado de la máxima seguridad que el Estado puede ofrecer, esposado como un verdadero killer, un maleante de sangre helada.
Pero no da el perfil.
Ozorio, hijo de una familia numerosa, con domicilio en una zona de monoblocks del barrio porteño de Barracas -a cuadras del Riachuelo y de la Villa Zavaleta- e hincha de Huracán, escapó a Perú con el monotributo al día.
Pagó seis cuotas este año y la última fue abonada en septiembre, de acuerdo a registros comerciales. Tuvo empleo en blanco, al menos hasta octubre.
Trabajó, en blanco también, para diez empresas a lo largo de su vida, entre tercerizadoras de limpieza de edificios y firmas gastronómicas, como una reconocida cadena de comida rápida. Se registró como vendedor minorista en ARCA, incluso.
Salvo el triple crimen, Ozorio tiene el prontuario virgen. La PROCUNAR, el área de la Procuración que investiga delitos narco, consultó a su red de contactos y su base de datos a nivel nacional. Nadie sabía de él; no había causa alguna en su contra.
La misma situación se repite para “Pequeño J” o para Víctor Sotacuro Lázaro, un verdulero de la Villa 1-11-14 que conducía el auto de apoyo de la masacre.
Así y todo, estos ignotos pusieron de rodillas al sistema penal y causaron un terremoto considerable, con las elecciones allí en el horizonte. Y, en el medio, Ozorio, ex joven trabajador, se graduó en el hampa, en un curso acelerado. Pasó de bachero a supuesto femicida narco, sin un solo arresto en el medio.
No lloró cuando cayó en Lima, no pidió por su mamá. Tampoco lo entregó su familia, como le suele ocurrir a los bebés de pecho del mundo del crimen que se manchan las manos con sangre y vuelven a casa.
El presunto killer de Barracas, con el país entero que lo buscaba, agarró y huyó, con rumbo a “Pequeño J”, a cuatro mil kilómetros de casa, sin mirar atrás.
Entonces, ¿qué salió mal en su vida? Tal vez, la pista estaba en su cuenta de Instagram: la borró antes de escapar. Sin embargo, dejó en pie su viejo perfil de Facebook, que tuvo su última actualización en 2022 y que abrió con su vieja cuenta de email, “matuelkapo97″.
Siguen allí, en esa cuenta de Facebook, las fotos de sus cumpleaños familiares, sus juntadas con amigos, sus relojes de imitación que mostraba como grandes logros, sus imágenes de espejo con uniforme de trabajo. No hay selfies en una celda de un penal, con una ranchada o con pistola al cinto, nada de eso.
En ese perfil, mostró, apenas, una plantita de marihuana en una maceta, que asomaba con tres hojas.
La explicación, también, podría encontrarse en sus deudas. Ozorio, hasta hoy, debe casi tres millones de pesos a firmas de préstamos, de las que tienen locales en centros comerciales del conurbano o en estaciones de tren, cuentas en rojo que son consideradas irrecuperables por el sistema bancario.
El fiscal Arribas tiene completamente comprobado el nexo entre Tony Janzen y el joven del Bajo Flores. Los conectan los análisis de teléfonos, así como varias transferencias de dinero por billeteras virtuales. Pero todavía se desconoce cómo ambos se unieron.
¿Acaso Ozorio se drogaba y “Pequeño J” era su tranza? ¿Fue el barrio? Tony Janzen fue buscado en la Villa Zavaleta. ¿Por qué huyeron juntos? Ambos, según las pruebas del caso, iban a reunirse la noche de sus capturas en la estación Izaguirre del metro de Lima. ¿A dónde seguirían después?
Ozorio cayó esa mañana, a las 8 AM. Tenía su teléfono encima. El análisis de ese aparato, que el fiscal Arribas aguarda para peritar de inmediato, probablemente, lo dirá. O lo dirá él mismo, si es que declara. Posó con un chaleco antibalas y un traje de preso antes de que lo echaran de Perú. Un importante directivo de seguridad dio un discurso.
Luego, abordó el vuelo de vuelta al Palomar. “Se portó bien en todo el viaje, no dijo nada”, aseguró una fuente clave en el caso.
