La sede fiscal descentralizada de San Carlos de Bariloche, encabezada por el fiscal general Fernando Arrigo junto a los auxiliares fiscales Gustavo Revora y Tomás Labal, formalizó una investigación penal contra dos mujeres de nacionalidad rusa. Están acusadas de integrar la presunta organización criminal dedicada a la explotación sexual y reducción a la servidumbre en esa ciudad de la provincia de Río Negro, una secta que tuvo sus orígenes en Rusia en los ‘90.
Según el portal fiscales.gob.ar, la secta habría captado en Rusia a una joven de 22 años, trasladándola a la Argentina, donde el 21 de marzo pasado dio a luz en un hospital de esa ciudad rionegrina. Ese fue el puntapié inicial del caso que hoy tiene varios detenidos, entre ellos, el líder de la organización, Konstantin Rudnev.
Ahora, ante el juez de Garantías Gustavo Zapata la fiscalía sostuvo que las dos mujeres, identificadas por sus iniciales D.Z. y N.P., habrían actuado en coordinación con otros 21 imputados —de los cuales 19 continúan procesados— para captar, trasladar y acoger a la víctima con fines de explotación sexual y reducción a la servidumbre.
Según la acusación, habrían utilizado como fachada un supuesto espacio espiritual y de práctica de yoga, valiéndose de la coerción, el engaño y del estado de vulnerabilidad extrema de la joven.
Durante la audiencia, el juez ratificó la medida de retención de pasaportes y la prohibición de salida del país que ya pesaban sobre ambas imputadas desde su detención inicial. Las mujeres habían sido demoradas días después de los primeros operativos contra el resto de los integrantes del grupo, tras la denuncia del dueño de una hostería de Neuquén donde se encontraban alojadas.
En ese momento, se les secuestraron computadoras, teléfonos celulares y prendas eróticas. Aunque recuperaron la libertad, la fiscalía prosiguió con la investigación y, al reunir nuevas pruebas que las vincularon con la organización, resolvió formalizar la imputación.
Para esta etapa del proceso, la fiscalía contó con el apoyo técnico de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). A través del análisis del material extraído de las computadoras incautadas, los peritos lograron establecer conexiones directas entre D.Z., N.P. y los demás miembros de la organización, fortaleciendo la hipótesis acusatoria.
En la misma resolución, el juez Zapata dispuso que el plazo de investigación se extienda hasta el próximo 3 de abril, dando continuidad al trabajo de recopilación de pruebas y análisis de los elementos incorporados en el expediente.
En paralelo, el viernes pasado la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca hizo lugar al recurso presentado por la fiscalía y revocó la decisión del juez Zapata de conceder la prisión domiciliaria al principal acusado, el ciudadano ruso Rudnev, señalado como líder de la organización.
De esta manera, el tribunal confirmó la prisión preventiva inicial y ordenó que el imputado continúe alojado en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal, en la ciudad de Rawson, provincia de Chubut. La medida del juez de Garantías había quedado en suspenso hasta la revisión del fallo, que ahora quedó firme.
El parto que destapó el caso
El caso tuvo origen en una denuncia presentada por personal médico de un hospital de Bariloche, quienes alertaron sobre el estado de sometimiento en que se encontraba una paciente embarazada de nacionalidad rusa, presuntamente controlada por sus acompañantes. Los profesionales también informaron que, tras el parto, una de las mujeres intentó modificar la partida de nacimiento para inscribir al bebé como hijo del supuesto líder del grupo.
A partir de esa denuncia, la Sede Fiscal Descentralizada impulsó allanamientos en varias propiedades alquiladas por la organización. En los procedimientos se constató la existencia de ventanas tapadas, colchones dispuestos en el suelo en amplios espacios como comedores o salones, ropa erótica y pelucas, elementos que reforzaron las sospechas sobre el funcionamiento interno del grupo.
El análisis de los datos obtenidos durante esos operativos permitió determinar que los investigados planeaban abandonar el país. A raíz de ello, se realizaron detenciones en el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria, en Bariloche, y en el Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires. Durante su arresto, el presunto líder intentó autolesionarse en el cuello con una hoja de afeitar, aunque fue reducido por el personal policial.
Posteriormente, gracias a la denuncia del propietario de una hostería en Neuquén, fueron localizadas y demoradas las dos mujeres ahora imputadas, quienes habrían tenido un rol activo dentro de la estructura delictiva.
En la primera audiencia de formalización realizada en abril pasado contra los 21 implicados iniciales —de los cuales dos fueron sobreseídos—, el fiscal Arrigo expuso que el líder habría intentado obtener la nacionalidad argentina mediante el nacimiento del hijo de la víctima. Buscaba tramitar la residencia en Brasil y establecerse de forma permanente en ambos países, donde la organización estaría consolidando su presencia.
En esa oportunidad, la fiscalía señaló que Rudnev sería el fundador de una secta surgida en Rusia en la década del ’90, condenado en su país a 11 años de prisión por abuso sexual, y con un pedido de comparendo vigente en Montenegro desde octubre de 2024.
Con la colaboración de la Dirección Nacional de Migraciones, se confirmó que Rudnev y varios de los imputados ingresaron a la Argentina en octubre del año pasado, lo que permitió cerrar el círculo de la investigación que hoy avanza en el fuero penal de Río Negro.
