“Los controles migratorios en los pasos fronterizos son un ámbito clave para la detección de posibles víctimas de trata”, explica Verónica Toller, directora operativa de la lucha contra la trata de personas en Argentina del Ministerio de Seguridad Nacional, que encabeza Patricia Bullrich.
La funcionaria habla en el marco de la aprobación del nuevo protocolo para la detección temprana de situaciones de trata en pasos fronterizos, una medida que actualiza y refuerza los mecanismos de prevención, detección e investigación de este delito, así como la protección y asistencia a las víctimas, y que este jueves se publicó en el Boletín Oficial.
“Son 237 los pasos habilitados donde se aplicará este protocolo, que atiende a reforzar el trabajo las fuerzas federales, ya que en los controles migratorios se pueden detectar posibles víctimas y perfilar posibles victimarios”, desarrolló en diálogo con Infobae Toller sobre los porqués de esta actualización, que se enmarca en una política de prevención, detección temprana e investigación.
“Es una actualización a los protocolos que ya existían porque hay mutación y evolución en el delito. Es clave que se controle la documentación, y las adulteraciones que pueden aparecer; la presencia de niños y la actitud de las personas que podrían ser víctimas de un sometimiento. Pero a su vez es crucial que las fuerzas federales sepan qué hacer con esas personas, cómo y dónde retener a la víctima para alejarla de sus captores; y qué hacer con los sospechosos”, apuntó la funcionaria.
El nuevo protocolo fue aprobado por el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones. La resolución establece su aplicación obligatoria para todas las fuerzas policiales y de seguridad federales que actúan como policía auxiliar migratoria.
Este nuevo instrumento reemplaza al protocolo aprobado en 2012 y se adapta a las dinámicas actuales de la trata de personas, reconocida oficialmente como un delito complejo, organizado y con alcance intra e internacional.
Según el texto de la resolución, “los controles migratorios en pasos fronterizos constituyen un ámbito especialmente propicio para la detección de posibles víctimas del delito de trata de personas que se encuentren en etapa de captación, traslado o transporte para ser explotadas en nuestro país o fuera de éste”.
La elaboración del protocolo fue el resultado de un trabajo conjunto entre la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y contra la Integridad Sexual, la Dirección Nacional de Migraciones, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a través del programa EUROFRONT, áreas especializadas de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, la Dirección Nacional de Control de Fronteras e Hidrovías y la Dirección Nacional de Cooperación Internacional.
El documento fija criterios y pautas de actuación comunes, así como indicadores y preguntas orientadoras para la identificación de posibles víctimas y tratantes, con procedimientos específicos para casos que involucren a niñas, niños y adolescentes.
También detalla cursos de acción coordinados entre las autoridades migratorias y las fuerzas de seguridad, priorizando en todo momento la integridad y el resguardo de las víctimas.
En cuanto a sus aspectos operativos, el protocolo incluye un anexo con herramientas y procedimientos específicos que tendrá carácter reservado, con el fin de preservar la eficacia de las acciones y garantizar la seguridad de las víctimas y del personal interviniente.
Tanto la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y contra la Integridad Sexual como la Dirección Nacional de Migraciones tendrán la responsabilidad de monitorear la implementación, actualización y difusión del protocolo, además de conformar mesas de trabajo para su seguimiento.
El texto oficial subraya que “la prevención del delito de trata de personas, la protección de sus víctimas y persecución de sus autores, constituyen una política de Estado”, y recuerda que la Argentina ha ratificado tratados internacionales en la materia.
Asimismo, señala que la legislación nacional se ha ido adaptando para tipificar el delito y establecer medidas de prevención, sanción y asistencia a las víctimas.
Entre los fundamentos, la resolución resalta que “es necesario fortalecer las capacidades de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad federales y de la Dirección Nacional de Migraciones para la prevención del delito de trata de personas, la detección temprana de sus posibles víctimas y la identificación de posibles tratantes en los pasos de ingreso y egreso al territorio nacional”.
También sostiene: “Resulta conveniente proporcionarle al personal que cumple funciones migratorias herramientas actualizadas que faciliten la detección de posibles víctimas del delito de trata de personas y de sus tratantes, así como también establecer criterios y pautas de actuación comunes ante la identificación de dichas situaciones”.
