La Justicia federal aceptó investigar el triple femicidio narco de Florencio Varela, aseguraron fuentes del caso a Infobae.
En una nota firmada en las últimas horas, el magistrado Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal N°2 de Morón, y el secretario Ignacio Calvi, accedieron a declararse competentes en el caso luego de que los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza, que investigaron los crímenes de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cerraran la causa para que se investigue la pista narco internacional que llevó a los femicidios.
En su nota, Rodríguez y Calvi pidieron el expediente en forma completa, así como todo el material secuestrado y saber si existen intervenciones telefónicas en curso.
En paralelo, Calvi y los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Diego Rulli comenzaron una serie de reuniones con una mesa de trabajo para realizar la transición de forma ordenada.
Otro dato notable es que Rodríguez aceptó investigar el caso de forma completa. La causa, con 11 detenidos y tres prófugos, tiene la calificación de privación ilegítima de la libertad y triple femicidio agravado.
El magistrado federal decidió no subdividirla -es decir, dejarle a los fiscales de Homicidios la parte de los asesinatos y quedarse solo con la pista narco- y tampoco se desligó por la competencia territorial, ya que el hecho comenzó en la jurisdicción de La Matanza, donde los presuntos asesinos pasaron a buscar a las víctimas.
El paso es esencial para esclarecer definitivamente el caso. La Justicia federal tiene la capacidad de absorber la investigación y llegar a los máximos responsables, entre ellos el misterioso “Abuelo”, el presunto jefe de la organización dealer del Bajo Flores.
Quedan tres prófugos por capturar, los peruanos Alex Ydone Castillo, David Morales Huamaní y Manuel Valverde Rodríguez, quien es tío de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, que espera ser extraditado desde Perú tras ser capturado a dos semanas de que fuera cometido el triple femicidio.
Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “El Señor Jota”, el ex policía peruano acusado de ser el mayor responsable a nivel local de la banda, se encuentra detenido por el caso luego de que una arrepentida lo marcara. Está preso en una celda de la PFA donde esperaba su extradición a Perú por un expediente narco y desde donde vio los femicidios mediante una videollamada, de acuerdo al relato de la arrepentida.
El “Seños J” negó cualquier participación en el hecho. “Mi delito y la causa en la que me implican acá es pantalla. No es como está comunicado”, aseveró. “No guardo ninguna relación con los detenidos de un hecho de una causa que desconozco”, continuó. También dijo no conocer a los otros imputados peruanos.
Fernando Pinos Guevara, el juez de garantías del caso que avaló el pase al fuero federal pedido por los fiscales de La Matanza y dictó las prisiones preventivas de los ocho acusados en medio de notables elogios a la investigación, marcó en su más reciente fallo la importancia de lo que será la segunda etapa de la investigación:
“En términos de persecución del narcotráfico, la Justicia ordinaria solo podría atribuirse el juzgamiento del narcomenudeo, circunstancia que en el caso no se da, porque no es objeto del proceso. Lo que sí es objeto del proceso es la existencia de una empresa narcocriminal trasnacional e interjurisdiccional, que necesariamente debe desbaratar la Justicia Federal por su más amplia competencia”.
