El empresario argentino Federico “Fred” Machado, aterrizó el jueves pasado en la ciudad de Plano, en el estado de Texas, EEUU, desde donde la Justicia había pedido en 2021 su extradición, al considerarlo sospechoso de casos de narcotráfico, estafa y lavado de activos en ese país, lo que podría dejarlo una década o más tiempo en prisión.
Al día siguiente de llegar a Estados Unidos, Machado participó de la primera audiencia frente al juez Bill Davis junto a su abogada Jamie Hoxie Solano, quien presentó una moción de emergencia ante la Corte del Distrito Este de Texas para que se le garantice la administración inmediata de su medicación prescrita y el acceso a tratamiento médico adecuado.
Según la moción presentada por su abogada, a la que tuvo acceso Infobae, Machado padece graves problemas de salud y depende de una dosis elevada del equivalente argentino del ansiolítico Xanax, recetada por su médico en Argentina.
La defensa señaló al juez Bill Davis que, durante el traslado bajo custodia de los U.S. Marshals, Machado recibió su medicación sin inconvenientes. Sin embargo, al ser entregado a la cárcel del condado de Fannin el jueves, dejó de recibir el tratamiento, situación que se extendió por más de 24 horas.
Machado mostró signos de abstinencia y angustia física y mental, y manifestó que el personal de la prisión no tenía intención de suministrarle el medicamento.
“No durmió en las últimas 24 horas”, aseguró su abogada en el escrito y acusó a las autoridades de EEUU de no cumplir con la palabra que le habían “prometido” al gobierno argentino de sostenerle la medicación.
Es que la moción resalta que tanto el Gobierno argentino como la Corte Suprema, que autorizó la extradición en octubre pasado tras tener el expediente en suspenso desde 2023, expresaron preocupación por la salud de Machado.
Como condición para la extradición, Estados Unidos aseguró que se le proporcionaría atención médica adecuada durante su detención. La Corte citó tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura, y advirtió sobre la necesidad de proteger la integridad física y mental del acusado y evitar cualquier trato cruel o inhumano. Eso remarcó Hoxie Solano en su escrito presentado al juez Davis.
El viernes Machado entró a la sala de audiencias con un uniforme carcelario gris a rayas y le dijo al juez Davis que no se sentía bien pero que podía continuar con el proceso, pero su abogada Hoxie Solano insistió en que si no le daban urgente el ansiolítico “podría sufrir un ataque cardíaco o algo aún peor”.
Por eso, ante la inacción del centro de detención y el riesgo inminente para la salud de Machado, la abogada defensora pidió al magistrado estadounidense que ordene a los U.S. Marshals confirmar que la cárcel haya administrado la medicación prescrita a Machado. Y que si eso no sucedía, que lo trasladen “de inmediato” a un centro médico capaz de administrar y monitorear su tratamiento.
Además, reclamó que el Gobierno estadounidense informe sobre el lugar donde Machado será alojado antes del juicio y garantice y se comprometa a administrar su medicación.
De todos modos, el empresario argentino, dedicado a la aviación y la minería, aceptó permanecer en prisión hasta el juicio, que sería el año próximo y los fiscales pidieron al juez revocar la libertad condicional, lo que fue concedido.
El Centro de Detención del Condado de Fannin, una cárcel privada que opera la empresa LaSalle Corrections, fue foco de denuncias periodísticas por no administrar medicamentos ni respetar los protocolos de atención médica para los reclusos.
Machado estuvo con prisión domiciliaria desde que fue atrapado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el aeropuerto de Neuquén en abril de 2021, después de escapar de Estados Unidos al enterarse que el proceso judicial en su contra podía dejarlo en prisión más de diez años.
De hecho, su socia Debra Lynn Mercer-Erwin recibió una pena de 16 años de prisión tras ser considerada la coordinadora operativa de la red financiera, responsable de articular las operaciones entre Argentina, Estados Unidos, México y Guatemala.
Y la hija de esta, Kayleigh Moffet, fue sentenciada a 5 años de prisión debido a su función administrativa y de colaboración en el circuito financiero. Al declararse culpable, la Justicia de Estados Unidos redujo su pena y le otorgó el beneficio de la libertad condicional.
Machado huyó a Argentina hace más de cuatro años después de ser acusado formalmente en el Distrito Este de Texas. Su extradición se produjo tras el escándalo que reveló que había transferido 200.000 dólares a José Luis Espert en 2021. El movimiento quedó registrado en una contabilidad paralela vinculada al caso de narcotráfico en Estados Unidos. Machado, no obstante, se declaró inocente del delito de narcotráfico cada vez que pudo. Según pudo saber este medio, próxima comparecencia ante el tribunal está programada para principios del próximo año.
