El lunes 6 de agosto de 2018, a las 7:20 AM, poco antes del horario de apertura, Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, hijo de María Pía, hermana menor de Franco Macri, se presentó en los tribunales de Comodoro Py para partir en dos la historia de los cuadernos de las coimas.
Ya habían comenzado las redadas de la Policía Federal: los agentes enviados por el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli habían arrestado a Oscar Centeno, autor de los diarios, a funcionarios como Nelson Lazarte y Walter Fagyas, al jefe y principal pasajero de Centeno, Roberto Baratta, y habían allanado las oficinas de Techint en busca de documentos. Se llevaron también a Armando Loson, cabeza del grupo Albanesi, un peso pesado del negocio de la construcción.
Javier Sánchez Caballero, en ese entonces CEO de IECSA, la constructora del grupo de empresas de los Macri y la mano derecha de Calcaterra, estaba entre los detenidos.
Tal como el empresario Juan de Goycochea, Sánchez Caballero ofreció ser un arrepentido para corroborar, con su testimonio ofrecido bajo la ley que protegen a quienes buscan convertir su confesión en una pena menor, todo eso que había escrito Centeno.
Pero Sánchez Caballero, desde ya, no era Calcaterra.
Y en ese 6 de agosto -frío, de plomo, agotador, como son las mañanas de invierno en Comodoro Py- Calcaterra decidió arrepentirse también. Su declaración se volvía un triunfo para el fiscal Stornelli. Los cuadernos, o “las fotocopias de los cuadernos”, como llamó el periodismo alineado con el kirchnerismo a las imágenes de los diarios de Centeno -los originales, según el chofer mismo, habían sido incendiados en una parrilla, aunque reaparecerían años después- podían ser la novela outsider del siglo. Ahora, los grandes millonarios de la obra pública decían que era todo verdad. Calcaterra lideraba la carga.
Sin embargo, el doble filo en la espada era obvio. No solo se trataba de Comodoro Py o de la mesa de directorio de IECSA. Se trataba de la Casa Rosada: el primo del entonces presidente de la Argentina, que había mantenido al menos 20 reuniones con funcionarios kirchneristas desde 2005, ponía los dedos en la tabla de la Justicia Federal. En el medio de la disputa, se encontraba la obra del soterramiento del tren Sarmiento, $45 mil millones de pesos de aquel entonces.
La fuerza simbólica de aquella jugada partía en dos la historia del caso. No solo se trataba de kirchneristas. Ahora, alguien en el árbol genealógico presidencial tenía un problema grave.
Ernesto Tenembaum razonó, bastante atinado, en una columna escrita aquella semana y publicada en este medio:
“Macri llegó a la Casa Rosada en medio de un fuerte reclamo para que se terminara la impunidad en la Argentina. ¿Cuánto tiempo tardaría la sociedad civil en empezar a preguntarse por los negocios de su primo? Si toda la obra pública K estuvo manchada por la corrupción, ¿por qué razón la Justicia avanza rápido sobre Lázaro Báez y no pregunta nada sobre el primo del Presidente? Si eso se llama Justicia, es una extraña versión de la Justicia».
El ejemplo de Calcaterra, por lo visto, prendió. Dos días más tarde, Armando Loson se sumaba a la lista de los delatores. Arrepentido también, afirmó que fue extorsionado por funcionarios kirchneristas para que aporte dinero.
“Hubo una apretada muy grande. Nosotros pagamos hasta donde podíamos porque el transporte venía demorado y Kicillof cambió la resolución y nos sacó el transporte y lo pasó a realizar CAMMESA. Eso significaba plata. Me extorsionaron para firmar el contrato de cesión sin ningún beneficio para Albanesi”, continuó.
El apriete, si el testimonio de Loson es creíble, fue notable:
“El doctor Arceo, que era el presidente de Nación Fideicomisos, me dijo: ‘O firmás o tengo la bandeja de plata en la mano para llevarle tu cabeza a Cristina’. Tuve que ir y firmar porque se me caía el mundo. Arceo me lo dijo por teléfono. Estaba siempre con dos o tres abogados. Me obligan a firmar una cesión gratuita. Fue todo pérdida. Tuve que regalar la obra por 124 millones».
El economista Enrique Osvaldo Arceo, efectivamente, fue investigado. La foja número 12308 del expediente de la causa de los cuadernos es un informe del Banco de la Nación Argentina sobre el entonces funcionario. Sin embargo, el juez Bonadio no lo elevó a juicio, ni pidió una extracción de testimonios para que otro juzgado siga una causa en su contra.
Tanto Sánchez Caballero como Calcaterra hablaron de un contexto desfavorable para sus empresas en el segundo gobierno kirchnerista, en términos de acceder a contratos de obra pública. “Se presentó –en forma independiente o integrando UTEs- en unas 200 licitaciones de obra pública, de las cuales ganó no más de treinta y de esas treinta, incluso, algunas no llegaron a ejecutarse porque esos contratos no entraron en vigencia”, afirmó Calcaterra al declarar.
Luego, habló de Roberto Baratta:
“En una ocasión, el licenciado Roberto Baratta me llamó por teléfono y me insinuó que tenía que empezar a aportar dinero para las campañas electorales. Después comenzó a presionarme para eso y fue así que terminamos poniendo plata en momentos de campaña electoral, porque la presión de Baratta era mucha”, aseveró.
“Las entregas de dinero que se me identificaron durante los años 2013 y 2015, corresponde justamente a lo que estoy mencionando. Esos fueron años electorales. Dichas entregas de dinero efectivamente ocurrieron en los lugares que se mencionan en la imputación y quien las entregó fue Javier Sánchez Caballero, a mi pedido”, continuó, para exculpar a su CEO.
Depende de cómo lo mires
En junio de 2024, Calcaterra logró ser apartado del juicio al reconocer que había aportado fondos para las arcas electorales del kirchnerismo. Uno de los supuestos receptores de ese dinero habría sido precisamente, Juan Manuel Abal Medina, que se encuentra entre los funcionarios acusados que enfrentarán el proceso.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, entendió que, palabras más, palabras menos, Calcaterra y Sánchez Caballero no pagaron coimas, sino que realizaron supuestos aportes de campaña a través de la empresa Creaurban SA para las elecciones de 2013 y de 2017, tal como declararon los empresarios.
Su caso, junto con el de otros imputados que dijeron lo mismo, fue enviado a la Justicia electoral. La decisión, sin embargo, fue revocada en noviembre pasado.
Ahora, Calcaterra enfrentará el largo juicio en su contra este 6 de noviembre en el Tribunal Oral Federal N°7. Ofreció $2400 millones de pesos al Tribunal para cerrar la causa en su contra. La oferta no fue aceptada.
