A tan solo nueve días de las elecciones legislativas nacionales, la ex vicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, enfrenta una acusación formal por presunto fraude a la administración pública y enriquecimiento ilícito, en un proceso que podría tener consecuencias directas sobre su candidatura a diputada nacional por Desarrollo Ciudadano.
La audiencia está prevista para mañana. Ruiz fue destituida por “inhabilidad moral”, una vez que comenzaron a salir a la luz las irregularidades en el manejo de los fondos públicos.
Según informó el medio local LM Neuquén, el fiscal de Delitos Económicos, Juan Manuel Narváez, confirmó que la acusación no solo alcanza a Gloria Ruiz, sino también a su hermano Pablo Ruiz, ex director de la Casa de las Leyes, y a dos de sus colaboradoras: María Isabel Riccini, ex secretaria de Cámara, y Noemí Sánchez, ex prosecretaria administrativa de la Legislatura.
Narváez detalló que, en el caso de Pablo Ruiz, la situación se agrava por un nuevo cargo de fraude vinculado a contrataciones irregulares con empresas de publicidad y gráfica, específicamente Big Sur y Sour, relacionadas con actividades culturales de la Casa de las Leyes.
Antes de ser coordinador de la Casa de las Leyes, Pablo Ruiz se desempeñó como secretario de Coordinación y Relación con la Comunidad del Municipio de Plottier, hasta el final del mandato de su hermana, Gloria Ruiz. Antes, el funcionario fue director de Defensa Civil de ese Municipio, y se integró el Gabinete luego de que su hermana se impusiera en las elecciones por la intendencia en 2019.
En el inicio del mandato de Rolando Figueroa, Ruiz pasó a ser coordinador en la Casa de las Leyes, un espacio de la Legislatura de Neuquén que funciona como una suerte de museo.
La investigación se centra en el desempeño de Gloria Ruiz como presidenta de la Legislatura durante su mandato como vicegobernadora. Según explicó el fiscal Narváez, “durante su gestión utilizó fondos de la Legislatura, lo que implica una defraudación al Estado. También se notó un considerable aumento de su patrimonio por la compra de una camioneta que no pudo justificar, y ahí se encuadra el delito de enriquecimiento ilícito”.
La adquisición de una Toyota SW4 constituye uno de los principales elementos de prueba, ya que la Fiscalía sostiene que la compra no se corresponde con los ingresos declarados por la exfuncionaria.
El fiscal también señaló que la investigación abarca el período en que Gloria Ruiz fue intendenta de Plottier, aunque aún restan pericias informáticas y análisis contables para determinar si existen más irregularidades. “Seguramente habrá más formulaciones de cargos más adelante si la prueba lo indica”, anticipó Narváez.
La audiencia del viernes será clave, ya que se informará formalmente a los cuatro imputados sobre los hechos investigados y los delitos atribuidos.
Tras la formulación de cargos, corresponderá al Juzgado Electoral decidir si Gloria Ruiz puede continuar como candidata. “Nosotros hacemos la acusación penal; luego el juzgado electoral deberá analizar su situación procesal. Desconocemos si puede o no seguir siendo candidata, pero la oficina judicial fijó la fecha y la Fiscalía está preparada”, indicó Narváez.
La situación judicial de Gloria Ruiz se agrava por el antecedente de su destitución como vicegobernadora, aprobada por la Legislatura de Neuquén en diciembre de 2024.
En ese proceso, fue considerada “inhábil moralmente” para ejercer cargos públicos, tras detectarse múltiples irregularidades en su gestión, como nepotismo, contrataciones sin control, desvío de fondos públicos y ocultamiento patrimonial. La votación resultó contundente, con 30 votos a favor de su remoción.
En el plano político, la ex vicegobernadora, que compartió fórmula con Rolando Figueroa en las elecciones del 2023, encabeza la «Lista Naranja”. Su confirmación llegó luego del debate sobre la ley de Ficha Limpia a nivel nacional, iniciativa que no logró una mayoría absoluta (37) en el Senado por un voto.
La candidata de Desarrollo Ciudadano no realizó declaraciones recientes, aunque en ocasiones anteriores denunció hostigamiento político por parte del Gobierno provincial. Su abogado, Carlos Broitman, prepara además una denuncia en el ámbito federal.
