El Senado de la provincia de Buenos Aires sancionó una ley que blinda a hospitales, escuelas, clubes de barrio y asociaciones civiles sin fines de lucro de futuros cortes en los servicios públicos, ante el aumento de las tarifas que generaron dificultades en el pago del suministro.
La iniciativa, presentada por Facundo Tignanelli, jefe del bloque de Unión por la Patria y dirigente de La Cámpora en la Cámara de Diputados, se aprobó por unanimidad, con el acompañamiento de los bloques opositores y el aval del gobernador Axel Kicillof.
La normativa aprobada impide expresamente que las empresas prestatarias de electricidad, gas, agua potable y servicios cloacales el corte o interrupción de esos servicios “a las asociaciones civiles sin fines de lucro, los municipios y sus dependencias, los establecimientos sanitarios y educativos de gestión pública provincial y municipal”, según apunta el artículo 2 del texto. La restricción abarca tanto la existencia de deudas impagas, como a las situaciones “con aviso de corte”, que tradicionalmente habilitaban a las empresas a interrumpir el servicio.
“Es un proyecto que tiene una profunda justicia social y que se da en un contexto en el que las tarifas se volvieron impagables. No puede ser que un club, una escuela o un hospital tenga que elegir entre ayudar a la gente o pagar la boleta. Eso pasa cuando se deja todo librado a la lógica del mercado”, señaló Tignanelli sobre la iniciativa, que consta de ocho artículos.
Durante el debate legislativo, el legislador camporista expuso que “es necesario resguardar el entramado social y comunitario que sostienen estas organizaciones, por lo que cortarles los servicios afecta directamente el bienestar de la comunidad”. “Toda esta serie de personas jurídicas se les está haciendo muy difícil pagar la tarifa producto del aumento desmedido y tiene un criterio de libre competencia de mercado”, apuntó.
El proyecto había obtenido su primera aprobación en la Cámara de Diputados bonaerense el 12 de diciembre de 2024, y obtuvo su sanción definitiva el pasado 2 de octubre, durante la tercera sesión ordinaria de la Cámara alta provincial.
Los reclamos por los cortes de servicios crecieron con fuerza el año pasado, a raíz de la presentación de varios amparos impulsados por municipios gobernados por Unión por la Patria ante el aumento de los servicios. A la medida cautelar concedida a La Matanza, impulsada por el intendente Fernando Espinoza, que frenó los cortes de servicio por falta de pago hasta tanto se resuelva fijar tarifas accesibles, se sumaron decisiones similares en otros distritos del conurbano, como Pilar, Moreno, Tigre y San Fernando.
En ese marco, Tignanelli remarcó que el contexto económico nacional ha dejado expuestas a organizaciones que cumplen “funciones sociales, culturales, deportivas y comunitarias de gran relevancia”, y que operan “con recursos muy limitados”.
Según se desprende del texto, a los efectos de evitar un problema de acumulación de deudas, el proyecto aprobado también obliga a las empresas prestatarias de servicios públicos de jurisdicción provincial a ofrecer planes de pago en cuotas mensuales. De este modo, se pretende facilitar la regularización de las obligaciones pendientes de clubes, asociaciones y demás instituciones comprendidas, otorgándoles un plazo razonable y condiciones diferenciadas respecto del usuario residencial o comercial típico.
Los fundamentos del proyecto, presentados por Tignanelli al someter la propuesta a su tratamiento en el Senado, ponen énfasis en el papel insustituible de los actores sociales protegidos por la ley: “Las asociaciones civiles sin fines de lucro cumplen funciones sociales, culturales, deportivas y comunitarias de gran relevancia, contribuyendo al bienestar de la población y al fortalecimiento del tejido social. Es fundamental que cuenten con los recursos necesarios para llevar a cabo sus actividades”.
El texto normativo avanza aún más en la protección de estos sectores, contemplando sanciones económicas para las empresas proveedoras que incumplan la nueva disposición. En caso de producirse un corte no autorizado del suministro a estas instituciones, el Ejecutivo bonaerense se encargará de fijar el monto de las multas, que podrán ser aplicadas a las prestatarias de servicios de luz, gas y agua, según la gravedad y reiteración de la infracción.
En su argumentación, Tignanelli llamó la atención sobre los posibles efectos de la suspensión de servicios al “proceso educativo, afectando el aprendizaje de los estudiantes y generando un impacto negativo a largo plazo en su desarrollo”, y de igual modo el impacto que genera en hospitales y centros de salud, que requieren continuidad en la provisión de servicios para funcionar. Mientras que en la gestión municipal, se recordó que de ella dependen prestaciones clave como el alumbrado público, el tratamiento de aguas residuales y servicios de emergencia.
