A una semana de la desaparición de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), las jóvenes de La Matanza que fueron encontradas descuartizadas en una vivienda de Villa Vatteone, en el partido bonaerense de Florencio Varela, la Justicia comenzó a desentrañar una historia marcada por el narcotráfico y la prostitución. Una trampa que habría sido tendida por un líder narco —desconocido hasta el momento para las autoridades— y sus secuaces.
El fin de semana pasado, Lara, Brenda y Morena se habían preparado para asistir a una fiesta en el Bajo Flores, en la Ciudad de Buenos Aires. Para llegar a su destino, las chicas habrían solicitado un auto por aplicación, pero lo cancelaron. Les habían prometido que las pasarían a buscar.
En una esquina cercana a la rotonda de La Tablada, las tres esperaron a la llegada de una Chevrolet Tracker blanca. Luego de que abordaron el vehículo, fueron conducidas hacia una trampa mortal que les habían preparado en una casa de la zona sur del Conurbano bonaerense. Toda la secuencia fue captada por las cámaras de seguridad del municipio.
Al principio, la camioneta circuló en dirección hacia la avenida General Paz, pero nunca se dirigieron hacia la supuesta fiesta. Poco después, sus teléfonos fueron apagados y nada más se supo de ellas. Tras no regresar a sus hogares, sus familias denunciaron la desaparición ante la Policía local y dieron inicio a la causa judicial.
Durante los días siguientes, el fiscal Gastón Duplaá, de la UFI Nº 2 de La Matanza, dispuso una serie de medidas para dar con el paradero de las jóvenes. En las primeras 48 horas, la investigación no arrojó resultados significativos, mientras familiares y amigos de las víctimas se movilizaban con carteles que pedían el regreso de Lara, Brenda y Morena.
Para ese momento, las tres ya habían sido asesinadas, aunque para el entorno todavía se mantenían vivas las esperanzas de que pudieran estar con vida. Luego de que los investigadores pudieron reconstruir el recorrido que realizó la camioneta, la causa tuvo sus primeros avances.
Por otro lado, una antena de telefonía detectó la señal del celular de Lara en una zona específica de Florencio Varela, a 33 kilómetros del lugar de la desaparición. El posterior análisis de las grabaciones del área permitieron confirmar que la misma camioneta había llegado a una vivienda situada entre las calles Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone.
Con esta información, los agentes de la DDI de La Matanza realizaron un allanamiento en el lugar. Al ingresar, los efectivos percibieron un fuerte olor a cloro y sorprendieron a dos jóvenes, Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años, y Andrés Maximiliano Parra, de 18, mientras limpiaban las paredes y pisos con lavandina. Ambos quedaron detenidos.
Las diligencias comenzaron el martes por la tarde, pero sería recién durante la madrugada del miércoles que los peritos darían con los restos descuartizados de las mujeres. Estaban enterrados en el patio. Fueron varias horas de excavación en un punto específico, donde los efectivos notaron que había tierra removida.
La confirmación de que la patente que portaba estaba adulterada fue el puntapié inicial para considerar que se habría tratado de un crimen planificado. Tras determinarse que los dos primeros detenidos no actuaron solos, la investigación condujo a una pareja que se escondía en un hotel cercano.
Así, cayó Iara Daniela Ibarra, de 19 años, y Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años y de nacionalidad peruana. Este último fue señalado por las autoridades como un presunto narcotraficante vinculado a la Villa 1-11-14, de la Ciudad de Buenos Aires. Los cuatro detenidos fueron indagados este jueves, pero ninguno quiso colaborar con la causa y fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero.
De la misma manera, el nuevo fiscal a cargo de la causa, Andrés Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, resolvió imputar a Villanueva Silva y Parra por el delito de homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género. Parra y González Guerrero fueron acusados de encubrimiento agravado.
El nexo entre el crimen y el narcotráfico derivó a las autoridades a plantear como hipótesis que se habría tratado de una venganza. Los resultados de las autopsias reforzaron esta línea: las víctimas fueron torturadas antes de morir. Además, habrían sido asesinadas por turnos, lo que las autoridades entiende que se trató de un acto de disciplinamiento.
El informe forense detalló que a Lara Gutiérrez le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda antes de matarla, presentaba quemaduras compatibles con cigarrillos, una amputación parcial de la oreja izquierda y un corte en el cuello que le seccionó la arteria carótida. Su muerte ocurrió alrededor de las 3 del sábado, antes de que se denunciara su desaparición.
En el caso de Brenda del Castillo, la joven sufrió una fractura de cráneo mortal, aplastamiento facial y heridas punzocortantes en el cuello, además de un corte abdominal realizado post mortem. Por último, Morena Verdi presentaba una luxación cervical y múltiples golpes en el rostro.
La reconstrucción de por sí era macabra, pero sumaría un elemento inédito en los crímenes inscriptos en la historia argentina: las torturas y asesinatos fueron transmitidos en vivo a través de una cuenta de redes sociales con pocos seguidores, presuntamente, todos miembros de un clan narco.
“Esto pasa si me robas droga”, habría dicho uno de los narcotraficantes durante la transmisión, según relató el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, durante una entrevista con TN. La información recopilada indicaría que el móvil fue una represalia por el robo de droga a un miembro del clan narco, y que la transmisión de las torturas buscaba enviar un mensaje al resto de la organización.
Fue así que en las autoridades apuntaron contra un capo conocido por sus apodos “Pequeño J” y “Julito”, que se trataría de un joven de unos 23 años y de nacionalidad peruana. Está señalado como el presunto autor intelectual del crimen, quien habría contratado sicarios tras el robo.
De acuerdo con los datos de la investigación, la base de operaciones de la banda que manejaría “Pequeño J” estaría en la Villa Zavaleta. Esto derivó en una serie de allanamientos en el asentamiento ubicado al sur de la Ciudad de Buenos Aires, que dieron negativos. Se cree que huyeron minutos antes de que llegara la Policía.
Hasta el momento, no tienen información concreta de la ubicación del supuesto líder narco. No obstante, fuentes que conocen de cerca a los clanes que operan en la Villa 1-11-14 y la Villa Zavaleta desconocen a este sospechoso y su actividad dentro del territorio.
Además, desde la Policía de la Ciudad y las fuerzas federales admitieron no haber escuchado de “Pequeño J”, aunque admitieron que todavía habría clanes narcos peruanos a los que todavía no habrían tenido acceso. Por esto mismo, creen que sería un joven narco que habría empezado a escalar en el entramado en el último tiempo.
Incluso, apuntaron que la banda pudiera tener conexiones en el Bajo Flores y Barracas, pero que su zona de influencia sería en el sur del Conurbano. Esta hipótesis buscaría entender la razón por la que el narcofemicidio se cometió en territorio bonaerense y entablaría una conexión entre el líder narco y las víctimas, quienes habrían frecuentado la zona de Flores para ofrecer servicios de prostitución. De igual forma, todo aún es materia de investigación.
