El impacto de la violencia doméstica en la Argentina ha quedado expuesto en cifras contundentes: más de 216.000 personas resultaron afectadas desde que fue inaugurada en 2008, según el informe presentado por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No obstante, advirtieron por el aumento que hubo en la cantidad de denuncias realizadas anualmente.
El próximo lunes 15 de septiembre se cumplirá el 17° aniversario desde que el organismo fue puesto en funcionamiento. Para ese día, las autoridades estipulan que cantidad de personas asistidas ascendería a más de 260.000 personas, debido al servicio ininterrumpido que brindan.
“El trabajo de la OVD refleja no solo la magnitud del problema, sino también la importancia de contar con un espacio institucional especializado que brinde respuestas urgentes y eficaces”, señaló Horacio Rosatti, el presidente de la Corte Suprema, tras remarcar que su creación responde al compromiso internacional asumido por el Estado argentino para erradicar la violencia y promover la igualdad.
Desde que la oficina abrió sus puertas el 15 de septiembre de 2008, se asentaron un total de 164.497 denuncias, que tuvieron a 216.883 personas afectadas. De estas, el 79% eran hombres y el 10% poseía armas. También se registraron un total de 94.811 de consultas informativas.
En línea con esto, las autoridades promediaron un total de 9.676 de denuncias recibidas por año. No obstante, destacaron que el año con mayor cantidad de expedientes abiertos correspondió al 2019, con un total de 12.457 de demandas.
Otro de los puntos que fueron destacados en el informe al que tuvo acceso Infobae, apuntaba a un fuerte incremento en los casos de violencia doméstica en el país. Pues, en comparación con el primer año de funcionamiento (2009) con el último (2024), se notó una suba del 59% de casos.
El aumento también se reflejó en las mediciones sobre consultas informativas, debido a que se registró una diferencia del 166%. De esta manera, el promedio anual se fijó en un total de 5.577, siendo recepcionadas, al menos, 42 personas por día en la sede ubicada en Lavalle al 1250, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Por este motivo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia consideró que la existencia de “esta oficina, que atiende las 24 horas los 365 días del año, marca un hito en el compromiso de la Corte con la protección de los derechos humanos y la erradicación de la violencia en el ámbito familiar”.
Respecto a los perfiles de las personas afectadas, la OVD destacó que el 61% de ellas eran mujeres de 18 años o más, otro 30% eran niñas, niños y adolescentes, mientras que el 9% eran varones mayores de edad. De estas, indicaron que el 54% mantenía o mantuvo un vínculo de pareja con la persona denunciada, el 32% era de tipo filial, 8% de otros tipos de nexos, 3% eran familiares hasta el 4° grado de parentesco y el otro 3% vínculo fraternal.
De la misma manera, el organismo documentó que el 96% de los casos evaluados presentaron algún tipo de violencia psicológica. Este dato, que resume la magnitud del problema, se complementó con otras formas de agresión, ya que el 57% de los casos incluyó violencia física, el 47% simbólica, el 32% económica-patrimonial, el 31% ambiental, el 16% social y el 10% sexual.
La frecuencia de los episodios denunciados revela la persistencia del fenómeno. Según los registros, el 51% de los hechos denunciados ocurrieron de manera diaria o semanal, mientras que solo el 5% de las personas acudió a la Oficina para denunciar un primer episodio de violencia.
Incluso, remarcaron que el abordaje de cada caso se realizaba a través de equipos interdisciplinarios de profesionales, quienes determinan el nivel de riesgo. En este sentido, apuntaron que el 39% de los casos presentaba una situación de riesgo altísimo o alto, el 49% riesgo medio o moderado y el 12% riesgo bajo.
De igual forma, el servicio médico de la OVD atendió a más de 46.815 personas en este período. En al menos 29.279 de esas consultas se constataron lesiones, y de las personas lesionadas, el 86% eran mujeres. Además, entre quienes recibieron atención médica, el 56% tenía antecedentes de lesiones físicas vinculadas a hechos de violencia.
En cuanto al destino de las denuncias, el 99% fue derivado a la justicia civil, el 75% a la justicia penal y el 32% al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
