La justicia federal de Caleta Olivia procesó a una empleada del Banco Nación por delitos de fraude contra la administración pública y violación de los deberes de funcionario público, tras haber realizado una serie de maniobras ilegales con cuentas de ahorristas de esa localidad de Santa Cruz.
El procesamiento se confirmó luego de una resolución de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que revocó la homologación del acuerdo de conciliación que la imputada había hecho con el banco por 3 millones de pesos. En este sentido, le dio la razón a la Fiscalía, que había apelado el arreglo, al señalar que los hechos “afectan la confianza pública y constituyen corrupción de agentes estatales”.
La investigación que determinó los actos fue llevada a cabo tanto por la fiscalía federal de la Sede Fiscal Descentralizada Caleta Olivia, a cargo del fiscal Lucas Colla, como por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Según se corroboró en la causa, entre diciembre de 2021 y mayo de 2022 la trabajadora ejecutó extracciones no autorizadas en cuentas de cajas de ahorro de siete clientes, ocasionando un perjuicio económico calculado en 948.600 pesos.
El caso comenzó cuando autoridades de Banco Nación detectaron movimientos sospechosos en cuentas operadas en la sucursal de Caleta Olivia. Según los reportes internos, se “recibió un alerta por actitudes y accionar sospechoso” de una de las empleadas. El banco expuso que dichas extracciones se realizaron “sin la autorización de los titulares y en beneficio propio”, postura ratificada ante la justicia por medio de los videos obtenidos por cámaras de seguridad y por el análisis de las operaciones en el sistema bancario.
A partir de la denuncia, el Ministerio Público Fiscal encabezó las primeras pesquisas y solicitó en marzo de 2024 el llamado a indagatoria para la empleada señalada. Tras el análisis de las pruebas y los testimonios recolectados, el juzgado federal de Caleta Olivia resaltó que las maniobras ilícitas respondieron a un plan concreto y sostenido, orientado a obtener ingresos económicos personales, utilizando la confianza depositada en el personal bancario y manipulando los sistemas de la entidad.
La tipificación de los delitos imputados —fraude en perjuicio de la administración pública y violación de deberes de funcionario público— responde a que Banco Nación es un banco estatal y, por ende, su personal se encuentra comprendido bajo la figura legal de funcionario público.
Según la reconstrucción judicial, la acusada utilizó sus credenciales y acceso interno para concretar las extracciones, valiéndose de “las autorizaciones que el sistema operativo habilitado por la entidad financiera exige para efectuar transacciones ilegales”, según se sostuvo en el fallo judicial.
Una vez formalizada la acusación, la empleada y sus abogados habían intentado avanzar hacia un acuerdo de conciliación con el banco. Presentaron un acta de propuesta en la que ofrecieron una reparación civil de tres millones de pesos, monto que superaba ampliamente el perjuicio económico causado a los siete clientes afectados. Tras analizar los términos del acuerdo, el juzgado federal decidió homologarlo, lo que significó que la justicia aceptó la intención de reparación y, en principio, la acción penal quedaba limitada.
Sin embargo, la resolución judicial fue objetada por el propio Ministerio Público Fiscal (MPF) y por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. El fiscal federal Lucas Colla apeló la medida y argumentó que la decisión judicial evidenció “una valoración discrecional y selectiva de la prueba y de la ley aplicable”. Según el MPF, se debía rechazar acuerdos porque los actos investigados afectan la confianza pública y constituyen corrupción de agentes estatales, bajo la premisa de que la Argentina asumió compromisos internacionales en el combate a la corrupción y debe sostener una política criminal estricta para estos casos.
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, con votos de los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, dio lugar a la apelación y revocó la homologación del acuerdo. Los camaristas sostuvieron que las razones expuestas por la fiscalía resultaron “correctamente fundadas y congruentes con el posicionamiento legal”. Asimismo, subrayaron que los hechos imputados revisten gravedad institucional no solo por el quebrantamiento de la confianza pública, sino también por tratarse de actos de corrupción cometidos desde el seno de una entidad financiera estatal.
Tras la resolución de la Cámara, el juzgado federal avanzó en el procesamiento de la empleada. La constancia en video sobre los movimientos de dinero entre las cajas de ahorro de los clientes, los retiros irregulares y el destino final del efectivo —colocado en la billetera o cuaderno de la acusada— permitieron reforzar las pruebas.
El fallo judicial subrayó que “las maniobras reprochadas tuvieron su origen en un beneficio económico para la imputada y se realizaron en perjuicio de clientes, como así también de la institución bancaria”. Además, resaltó el uso de la estructura interna del banco para eludir controles habituales y facilitar las extracciones.
Como medida cautelar, el juzgado estableció un embargo de cinco millones de pesos sobre los bienes de la imputada, por un monto que cubre ampliamente el daño investigado. La causa permanece bajo la órbita del juzgado federal de Caleta Olivia y del fiscal Lucas Colla, mientras se analizan los pasos procesales siguientes en el marco de una investigación que puso en evidencia la vulnerabilidad de los clientes frente a fraudes internos dentro de organismos estatales.
