Activistas, familiares y organizaciones defensoras de los derechos de personas con discapacidad esperan por la decisión que tome la Cámara de Diputados ante el veto del presidente Javier Milei sobre la ley de emergencia específica para el sector, que establece la actualización de las asignaciones y montos de las prestaciones del sector.
Con una vigilia, que arrancó anoche, decenas de manifestantes y organizaciones civiles se concentran en el centro porteño para apoyar a la legislación de emergencia en discapacidad, a la espera de la resolución de la Cámara baja.
La sesión especial fue solicitada por el presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, para abordar los vetos del Gobierno a la ley de emergencia en discapacidad y la ley de aumentos de jubilaciones, así como los proyectos relativos a la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles.
La cita empujó a la oposición a asegurar la presencia de al menos 129 legisladores para habilitar el debate. Los bloques de UxP, Democracia para Siempre y Encuentro Federal, entre otros legisladores, aportaron ese número para comenzar con la discusión.
La ley establece la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026 y fija un mecanismo automático de las prestaciones con base a la inflación.
La normativa recompone las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023 conforme a la inflación acumulada en el período y actualiza el nomenclador para la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al IPC.
“Es un miércoles muy especial. Necesitamos que los diputados y las diputadas rechacen el veto. Esto ya se votó en el Congreso, ahora es como volver empezar. Necesitamos que entiendan que hoy tiene el poder de mejorarle la calidad de vida a un montón de personas con discapacidad que la están pasando espantoso o entorpecérselas y arruinárselas”, señaló la actriz Valentina Bassi, quien ya se transformó en una de las referentes de estas manifestaciones.
Y agregó: “Está en ellos, si levantan la mano o no, ese poder. Necesitamos que los diputados nos entiendan y voten a favor de las personas con discapacidad”.
Sobre la vigilia, aseguró que fue “muy conmovedor” y añadió: “Esta era una ley evitable si el Ejecutivo cumplía con lo que tenía que cumplir”.
Media hora antes del inicio de la sesión, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno Nacional analizaba aplicar un aumento en las prestaciones para personas con discapacidad, como una forma de condicionar el debate legislativo.
“Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo”, consideró el funcionario. En la misma línea, Adorni afirmó: “Este aumento reforzaría la cobertura en todo el país ya que aseguraría un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual”.
Para que la oposición pueda insistir con la sanción original de la ley que beneficia a las familias de las personas con discapacidad, debe alcanzar los dos tercios de los votos presentes, mientras que el oficialismo puede ratificar esos rechazos con un solo tercio de los diputados presentes.
En el oficialismo estaban confiados en mantener los votos para blindar el veto a la ley de jubilaciones: para alcanzar su meta los legisladores de la Libertad Avanza, el PRO y sus aliados radicales y provinciales deberán alcanzar por lo menos 76 voluntades si hubiera 229 legisladores, como sucedió el 5 de junio, dado que depende de la cantidad de diputados presentes en la sesión.
En cambio, durante la previa, los opositores estaban más cerca de lograr los dos tercios para mantener la ley de emergencia en Discapacidad si se mantuviera la misma votación de la sesión del 4 de junio.
En medio de la polémica, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró ayer la inconstitucionalidad del veto del presidente Javier Milei a la Ley 27.793 de emergencia en Discapacidad. En la resolución, el magistrado dispuso “hacer lugar parcialmente a la acción de amparo” interpuesta por una familia con dos hijos menores con discapacidad y alegó que “el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias”.
