Mientras avanza una investigación judicial en su contra por la creación de una usina de noticias falsas con empleados del Congreso, el diputado nacional Emiliano Estrada habría iniciado conversaciones dentro del frente Fuerza Patria para buscar un lugar en la lista de senadores en las próximas elecciones legislativas. Este movimiento, aseguran, tendría por objetivo mantener sus fueros
A principios de esta semana, la Cámara Federal de Salta declaró “mal concedida” la impugnación que hizo su defensa, y habilitó así el pedido de desafuero en contra de Estrada, procedimiento que el Juzgado Federal N° 2 de Salta, que subroga Mariela Giménez, deberá enviar al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
El legislador, vinculado con La Cámpora, está acusado de crear fake news para desprestigiar a rivales políticos y empresarios. Dos de sus ex asesores fueron condenados por intimidación pública tras admitir su responsabilidad en la difusión de contenido apócrifo. En videos de Tik Tok calificaban a la provincia como “un Estado narco”, entre otros agravios.
Según se informó, la causa contra Estrada pasó al fuero federal, lo que generó un conflicto de competencias entre los tribunales provinciales y nacionales. La investigación busca establecer si el diputado tuvo un papel directo en la organización de una campaña de difamación digital, que incluyó la creación de perfiles falsos en redes sociales y la difusión coordinada de contenidos engañosos, con el objetivo de influir en la opinión pública y proteger intereses políticos y personales.
En paralelo al curso legal que tiene la causa, hay una instancia política que podría modificar el escenario, si interviene el PJ de Salta para llevar a Estrada como candidato. Sin embargo, el exgobernador Juan Manuel Urtubey sería el primer candidato a senador elegido por Fuerza Patria.
El fallo de la Cámara Federal de Salta responde a una medida que había ordenado el pasado viernes el fiscal federal Carlos Amad, luego de que Estrada no se presentara a la audiencia en la que iba a ser imputado por el delito de malversación de caudales públicos.
La Justicia sospecha que incurrió en maniobras de peculado de servicios al haber usado mano de obra pagada por el Estado para beneficio propio. Es una calificación que prevé penas de dos a diez años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos.
El trámite parlamentario
Una vez que el requerimiento llegue al presidente de la Cámara, éste deberá girarlo a la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales, cuyo titular es el libertario Nicolás Mayoraz. Recién después ocurriría el debate y la votación en el recinto. Estrada termina su mandato en diciembre de este año.
Recién cuando pierda la inmunidad parlamentaria -ya sea por dejar el cargo o por voto de sus pares- podrá ser citado nuevamente para que lo imputen.
El abogado de Estrada, Jorge Javier Ovejero, había intentado justificar la ausencia del diputado a la audiencia imputativa. Argumentó que su defendido podría incurrir en “contradicciones o declaraciones autoincriminatorias” por el conflicto de competencias que enfrenta la causa: hay tres juzgados que quieren quedarse con el expediente, algo que todavía no se resolvió.
Los jueces de Cámara le contestaron que si asistía no estaba obligado a hacer “manifestación alguna”, esto “sin que sus silencios tengan connotación ni consecuencia procesal alguna”.
Conflicto de competencias
Justo después de que despegara la causa en los tribunales federales de Salta, hubo una nueva denuncia contra el diputado Estrada que se formuló en Comodoro Py 2002, en la Ciudad de Buenos Aires.
Ese expediente quedó a cargo del fiscal Guillermo Marijuan y el juez Sebastián Casanello, quienes pidieron a la Justicia federal de Salta que se inhiba. Según argumentaron, el caso les corresponde por jurisdicción, ya que todo habría ocurrido dentro del Congreso y con servicios pagados por el Estado nacional.
Al mismo tiempo, el fuero provincial también entró en la puja: Claudia Puertas, jueza de Garantías N° 8, recibió una parte del expediente tras el juicio abreviado en el que condenaron a dos asesores de Estrada.
Como la discrepancia de competencias es entre dos juzgados nacionales y uno provincial, la jueza federal salteña Mariela Giménez decidió remitir el conflicto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal como lo prevé el artículo 48 del Código Procesal Penal Federal.
La cuestión se trataría en Secretaría de Juicios Originarios, desde donde se eleva un proyecto a los ministros del máximo tribunal. También se le puede dar traslado a la Procuración para que de su opinión en un dictamen. La resolución del tema por esta vía es incierta, ya que la Corte no tienen un plazo legal establecido para dictar sentencia.
